Seguridad Social consultará con expertos médicos para implantar el alta flexible
27 ene 2025 . Actualizado a las 17:32 h.El año pasado se registraron en España un total 8.716.663 bajas laborales vinculadas a contingencias comunes —enfermedades o accidentes que ocurren fuera del entorno de trabajo—. La cifra no tiene parangón. Es más del doble de las que se notificaban hace una década, convirtiéndose en una fuente creciente de preocupación para las empresas.
No es para menos: el coste del absentismo laboral se ha multiplicado casi por dos desde el 2018 (+99 %) y ya roza los 29.000 millones de euros, según el balance que publicó este lunes la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), mientras que el número de afiliados apenas ha engordado un 12,2 % en ese mismo período. La brecha, en opinión de la organización es «totalmente injustificable» y alertan de que esto supone un problema para la competitividad de las compañías y el sostenimiento del sistema público de la Seguridad Social. Así lo admiten los empresarios gallegos: «En Galicia, a situación é particularmente preocupante debido aos índices elevados que repercuten directamente nos custos empresariais e na capacidade das organizacións para competir nun mercado cada vez máis esixente».
Las alarmas se encienden al echar un ojo al tiempo medio de duración. Los procesos de baja de más de 365 días antes de la pandemia ascendían a 34.288. Cuatro años después, suman 133.341. Un incremento para el que no se encuentra explicación, aunque coinciden con un aumento progresivo de los días de espera para consultas médicas.
Las pérdidas que absorben las empresas por el aumento del absentismo laboral también se han disparado. En la última década se triplicó el coste, pasando de los 7.041 millones de euros a casi 14.000 (13.961 millones) —de los 29.000 registrados en el 2024—. «El aumento de la población protegida ha sido de un 24,7%, mientras que el incremento del coste directo para las compañías ha sido de un 190,5%», reza el informe de la AMAT.
La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, anunció este lunes tras reunirse con las patronales y los sindicatos, que convocará de manera «inmediata» a grupos técnicos y citará al Ministerio de Sanidad, para avanzar con «rigor técnico y sanitario» en la introducción del sistema de «altas flexibles», que supone la reincorporación progresiva de los empleados que cursaron una baja a sus puestos de trabajo.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa de negociación tres vías sobre las que trabajar. La primera tiene que ver con fijar la duración de los procesos de incapacidad temporal (IT) que pueden dar lugar a un alta laboral flexible. Saiz ha propuesto que sean aquellos de «larga duración». Es decir, aquellos que superen los 90 días de convalecencia.
La segunda línea que están discutiendo es la reincorporación progresiva al trabajo, si se hace fijando un número de días concretos o si el calendario se fija en función de la patología que curse el trabajador.
En tercer lugar, el Gobierno deberá determinar el tipo de enfermedades o accidentes que pueden derivar en una reincorporación progresiva a la empresa, como los procesos oncológicos o los cerebrovasculares.
Rechazo de los sindicatos
Aunque Saiz dejó claro que «un trabajador no puede trabajar estando de baja», los sindicatos consideran que se está abriendo la puerta a un recorte de derechos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha deslizado que el asunto «debe abordarse exclusivamente desde la perspectiva terapéutica, no desde el absentismo [...] Yo quiero escuchar a los médicos. Si dicen que en determinados casos es conveniente y son ellos los que activan esta cuestión, podemos verlo». Su homólogo de Comisiones Obreras, Unai Sordo, sin embargo, rechazó negociar las altas flexibles: «No negociaremos ningún esquema que sirva para acelerar injustificadamente los procesos de recuperación».
Desde AMAT recuerdan que estos procesos al alza suponen un «lastre que perjudica al resto de trabajadores», que acaban asumiendo una mayor carga laboral. Y es que las empresas, en la mayoría de los casos de bajas de corta duración, son incapaces de encontrar sustitutos o de formarlos a tiempo para cubrir la baja. Por eso sugieren reducir las cargas administrativas, que alargan los procesos innecesariamente, y reducir las listas de espera.