Los empresarios presentan alegaciones contra el recorte de jornada por considerarla «inconstitucional»
ECONOMÍA
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusa a la patronal de seguir una «estrategia política» y de tener «un papel impropio» en la sociedad
27 ene 2025 . Actualizado a las 12:08 h.Los ojos del Gobierno están puestos en el Consejo de Ministros de la semana próxima, cuando se espera aprobar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanas. Este lunes, de tarde, se reunirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (acuden los ministros con competencias económicas) para abordar la cuestión, que sigue levantando muchas ampollas entre los empresarios.
Precisamente en la cita de hoy deberán determinar si la reducción de jornada se tramita de forma ordinaria o de forma urgente, toda que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha subrayado la necesidad de garantizar ese acuerdo también en el Congreso, con una mayoría parlamentaria que el Ejecutivo no tiene, ni mucho menos, asegurada, como se vio tras la derogación del decreto ómnibus.
Los avances hacia esa reducción de jornada cuentan además con el rechazo explícito de los empresarios. Su principal patronal, la CEOE, ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Trabajo en las que denuncian la «inconstitucionalidad» de la medida y acusan a la ministra Yolanda Díaz de de «invadir competencias» del diálogo social al tratar de sacarla adelante por decreto y sin el consenso de todas las partes.
Por su parte, Díaz ha defendido esta vía recuperando una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1990, cuando los empresarios recurrieron las 40 horas semanales establecidas en 1983. «Este alegato a la inconstitucionalidad de la reducción de la jornada laboral ya fue resuelto por el Alto Tribunal en una sentencia [...] En el año 90, la patronal española impugnó ante el Tribunal Constitucional la reducción de jornada del año 83, porque señalaba que atacaba el imperio de la ley, sustancialmente el artículo 37 de la negociación colectiva, y señalaba, en una guerra abierta con el Gobierno de entonces, que esto no era constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional ya resolvió esta cuestión y, además, fue claro: no solamente no dijo que era completamente constitucional, sino que señaló que era como un alegato a favor de la negociación autónoma entre sindicatos y empresarios para darle, efectivamente, más fuerza», ha subrayado la vicepresidenta segunda, quien acusa a la patronal de seguir una «estrategia política» con esta confrontación, lo que le hace tener un «papel impropio» en la sociedad.