Las constructoras consideran «imposible» alcanzar los objetivos de vivienda que ha marcado el Gobierno

La vivienda vuelve a centrar la acción del Gobierno ante un problema que se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Con la ley del Suelo paralizada en el Congreso y algunas de las ayudas fiscales comprometidas para impulsar la bajada de precios de los alquileres pendientes aún de aprobación, el Ejecutivo empieza a visionar ya el nuevo Plan Estatal de Vivienda que entrará en vigor en enero del 2026. Aunque aún queda todo por definir y las propuestas iniciales variarán en el texto final, el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez sí tiene en mente varios pilares que servirán de base para un documento que debe ser acordado en la conferencia sectorial de vivienda.

Según explicó ayer el secretario de Estado del ramo, David Lucas, ese nuevo Plan Estatal buscará reforzar la posibilidad —ya existente— de que los propietarios cedan «siempre por un tiempo determinado» sus viviendas vacías para que sea la administración pública la que se haga cargo del alquiler de las mismas a precios asequibles. La iniciativa —sin detallar cómo se incentivaría— estaría bien vista desde instituciones como el Banco de España, donde en varias ocasiones se han pronunciado a favor de esta vía como fórmula para aumentar el parque de alquiler social en el país. En opinión del supervisor, y también del Ministerio de Vivienda, uno de los factores por los que muchos propietarios no sacan al mercado del alquiler sus casas vacías es por miedo a, por ejemplo, los impagos o el destrozo inmobiliario, por lo que esos programas de cesión para que el sector público gestione el proceso serían positivos en este sentido.

Esa posibilidad de ceder una vivienda vacía a, por ejemplo, una comunidad autónoma, ya forma parte del Plan Estatal que vence a finales de este año, con casos de éxito como el que se aplica en el País Vasco. Pero la idea del Ejecutivo es reforzar estos programas -que muchos propietarios desconocen- en la nueva norma. Tampoco es una idea nueva en el mercado inmobiliario. Andorra, por ejemplo, aprobó la cesión de los pisos vacíos para introducirlos en un parque público asequible por un periodo de cinco años. A cambio, el propietario percibe una compensación económica equivalente a la renta que se defina. «El impulso de los derechos de superficie es un elemento fundamental de colaboración público-privada», indicó el secretario de Estado durante un evento organizado ayer por EY. Lucas indicó que España aún está lejos de alcanzar la media europea en alquiler social —un 3,4 % en nuestro país frente al 8 % en la UE—, aunque explicó que «desde el 2019 el parque asequible de alquiler público se ha incrementado un 33 % con la movilización de 162.000 viviendas, que se han sumado a las 452.000 que ya existían». De hecho, recordó que dentro del compromiso del Gobierno para movilizar más de 180.000 viviendas en la presente legislatura, ya hay 80.000 en distintas fases de desarrollo.

Obra pública y rehabilitación

En el Ministerio también se trabaja con Hacienda en la modificación de los contratos de obra pública para agilizar la construcción, además de en otro de los pilares para impulsar la actividad en el sector: la rehabilitación. «Hasta ahora lo hemos hecho con los fondos del Plan de Recuperación, que termina en el 2026, así que lo lógico es que el Plan Estatal recupere esa política de rehabilitación», señalan desde la secretaría de Estado. De momento, y ante el grave problema de oferta para una demanda cada vez más elevada, el sector de la construcción ve inviables los objetivos marcados por el Gobierno. La patronal Seopan reconoce que el ritmo de construcción se ha acelerado en los últimos tiempos, pero asegura que es «imposible» cubrir las 600.000 casas que el Banco de España estimaba necesarias entre el 2022 y este 2025. La subida de costes de los materiales y los cambios demográficos, especialmente en las grandes ciudades, llevan años agudizando este problema. Y la construcción de viviendas se ha estabilizado en el entorno de las 80.000 casas nuevas al año, siete veces menos que las 600.000 o 700.000 que llegaron a construirse en los ejercicios previos al estallido de la burbuja. No se trata de alcanzar esas cifras, ni mucho menos. Pero desde Seopan advierten que el déficit acumulado solo en el 2022 y el 2023 asciende a 365.000 casas.

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