El apagón del 28 de abril ha puesto de manifiesto importantes vulnerabilidades técnicas y económicas en el sistema eléctrico español. Durante cinco segundos críticos, España perdió abruptamente el 60 % de su suministro eléctrico, lo que provocó graves implicaciones para infraestructuras esenciales y perturbaciones económicas y sociales notables. Se estima un coste mínimo de mil millones de euros. Desde un enfoque técnico, el problema central ha radicado en el déficit de generación proveniente de grandes turbinas —centrales nucleares, hidroeléctricas y térmicas de ciclo combinado— fundamentales para estabilizar la frecuencia de la red. En el momento del incidente, estas fuentes solo aportaban el 16 % del suministro, notablemente inferior al rango recomendado de entre el 20 y el 30 %.
Este déficit ha sido crítico para gestionar adecuadamente la variación repentina entre generación y demanda. Las hipótesis técnicas sobre el origen de la inestabilidad han incluido la posible interrupción de una línea de interconexión entre España y Francia, la desconexión repentina de una planta fotovoltaica en Extremadura y fallos simultáneos en algunas infraestructuras, como la central nuclear de Almaraz. Sin embargo, lo realmente preocupante ha sido la incapacidad del sistema para absorber estas perturbaciones iniciales, resultado directo de una planificación deficiente y una política energética poco coherente.
Desde una perspectiva económica, resulta esencial destacar que algunas plantas generadoras no están entrando regularmente en el mercado eléctrico (pool) debido a factores de competitividad relacionados con costes fiscales elevados y regulaciones poco eficientes. La presión fiscal y las barreras regulatorias han hecho que plantas como las de gas y carbón permanezcan inactivas o funcionen muy por debajo de su capacidad técnica óptima, reduciendo así la resiliencia del sistema ante contingencias como la ocurrida.
Las decisiones económicas de los operadores han sido racionales: las plantas hidroeléctricas y nucleares han ajustado su producción conforme a los incentivos económicos existentes. Confundir causa con consecuencia de una mala regulación es como culpar al termómetro por tener fiebre; la solución real pasa por ajustar el marco regulatorio y fiscal para permitir una mayor participación efectiva de estas tecnologías críticas.
El apagón ha evidenciado una preocupante falta de independencia y rigor técnico en la gestión de instituciones estratégicas como el operador del sistema eléctrico. La influencia política sobre decisiones clave y la colocación de personas sin el perfil técnico adecuado en cargos directivos han podido comprometer seriamente la eficacia y la imparcialidad necesarias para garantizar la seguridad energética y orientar la política energética de nuestro país. Sin una clara separación entre decisiones técnicas y políticas, España podría enfrentarse a situaciones similares en el futuro.
Este apagón debería servir de chispazo para ser más conscientes de las realidades de nuestros sistemas energético y eléctrico.