El Gobierno declarará nulos todos los contratos suscritos en llamadas no solicitadas

El Ministerio de Consumo pondrá freno a las llamadas indeseadas (spam) que los españoles reciben a diario. El responsable del departamento, Pablo Bustinduy, anunció un cambio normativo que impedirá este tipo de comunicaciones comerciales no solicitadas, al obligar a las empresas a identificarlas con un código específico —«un prefijo», indica el ministro—, y a las compañías telefónicas a bloquear todas las que no lo usen.

La reforma de la ley de servicios de atención a la clientela, «que afronta su última fase de tramitación parlamentaria que votará el Congreso próximamente», dijo Bustinduy, se completará con una medida clave: «Declarar nulos todos los contratos que deriven de una llamada comercial no consentida para desincentivar este modelo de negocio y hacer, por tanto, que las empresas dejen de incurrir en estas prácticas que generan tanta molestia a la ciudadanía».

Bustinduy confía en que la ley, con las nuevas enmiendas consensuadas entre PSOE y Sumar, sea aprobada por el Parlamento y que las empresas la «respeten».

Se busca poner coto a la venta de productos y servicios por teléfono, algo que ya intentó la Ley General de Telecomunicaciones, en vigor desde junio del 2023. Allí ya se planteaba el derecho a «no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario». Siendo inútil en la práctica ese aviso legal, y por el método de ensayo y error, el Ministerio de Consumo se aliará con el de Transformación Digital para que las compañías no burlen la ley —que solo servirá para las «llamadas que se realicen dentro de España, porque muchas veces se hacen desde centralitas que están en el extranjero», denunció Bustinduy—.

Con una «orden ministerial que busca precisamente atajar ese proceso fraudulento por el que se hace pasar por una llamada con una numeración española, una que venga desde el extranjero», define el ministro, se podrá «poner orden y garantizar el derecho de los consumidores a vivir tranquilos, que no es una cosa menor».

«Las compañías de telecomunicaciones tienen tecnología suficiente para poder identificarlo», afirmó el ministro. «En el caso en el que una línea telefónica asociada a una empresa esté realizando una llamada comercial que no utilice ese código, las compañías de telecomunicaciones la bloquearán inmediatamente».

En caso de incumplir la nueva norma, las sanciones que se aplicarían son las que «prevé la Ley General de Consumidores y Usuarios». «Ninguna empresa puede estar por encima de la ley ni es intocable. Los derechos de los consumidores deben respetarse. Los consumidores no están indefensos y la regulación pública y también la denuncia de prácticas abusivas son clave para que tengamos unas relaciones comerciales que sean más democráticas, más justas y más transparentes».

Contratos nulos

Para cerrar contratos ofrecidos por teléfono, el consumidor debe haber prestado consentimiento previo a recibir las llamadas y esa aprobación durará como máximo dos años. Una vez pasado ese lapso, las empresas deben renovar el consentimiento.

Otras medidas que se presentan en la enmienda son los cambios en la renovación automática de suscripciones, «para que cada 15 días antes de renovar un contrato se informe a los consumidores y puedan decidir si desean mantener su suscripción o no»; la prohibición de reseñas falsas o la transparencia en los gastos de gestión en la compra de entradas para que el precio final se refleje «desde el principio».

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