El Gobierno decidirá si prolonga al 2030 la vida de la central
06 jun 2025 . Actualizado a las 17:44 h.Ya hay acuerdo entre las propietarias de la central nuclear de Almaraz para frenar su cierre en el 2027. Iberdrola, Naturgy y Endesa han pactado poner todo lo que esté de su parte para que la planta siga produciendo energía hasta finales de la década. Luego llegará la decisión gubernamental, pero, según una de las compañías, «aprobaremos la inversión necesaria para que la extensión sea posible hasta el 2030».
Fuentes empresariales confirman que, en las próximas semanas se reunirá la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), en la que están representadas estas tres compañía. La fecha que se baraja es la segunda quincena de este mes.
En este encuentro no se pedirá oficialmente retrasar el cierre, pero se aprobará una inversión cercana a los 15 millones de euros para la contratación del combustible nuclear necesario, así como para mejoras en la seguridad y el personal. El siguiente paso será sentarse en una mesa de negociación con el Ejecutivo para analizar la viabilidad de la extensión de la vida útil de la central.
Con esta decisión, las energéticas trasladan la presión a Moncloa que, por el momento, se mantiene a la espera de los pasos que den las propietarias. «Estamos dispuestos a escuchar la propuesta que nos hagan y a tramitarla, pero tiene que llegar», explican desde el Gobierno.
Viabilidad económica
Esta misma semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que no vería problema técnico en prorrogar Almaraz tres años más, sin embargo la gran batalla está en la fiscalidad. «Los impuestos suponen más que el coste operativo de las centrales», denuncian las energéticas, que esperan un gesto por parte del Ministerio de Hacienda. Contrapartida que, por el momento, no se ha producido y que parece estar lejos de producirse. «Nosotros no hemos tocado esta fiscalidad desde 2012, lo que ha subido es la parte de las autonomías», apuntan fuentes gubernamentales.
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica acordaron a finales de marzo convocar una reunión con las eléctricas para flexibilizar el calendario de cierre de la central. Sin embargo, no ha habido avances concretos en esa dirección. De hecho, ha surgido una discrepancia dentro del propio PP. Mientras el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha incluido en los presupuestos regionales la eliminación de la tasa autonómica, en Extremadura Guardiola la mantiene y condiciona cualquier movimiento a que el Gobierno central tome primero medidas en esa línea.
Es este punto —la carga impositiva— donde las eléctricas están haciendo más presión, al sentirse discriminadas respecto a otras tecnologías, lo que las hace inviables económicamente. Las compañías ponen el foco en la tasa Enresa, un gravamen aplicado al combustible nuclear consumido.