El Gobierno decide sobre la opa de BBVA atrapado entre sus socios y Bruselas
ECONOMÍA
Resolverá mañana si endurece las exigencias a la operación sobre Sabadell, en una etapa de extrema debilidad política que complica su decisión final
23 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Hace tiempo que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell dejó de ser una operación puramente empresarial para entrar de lleno al terreno —más bien al barro— político. La intervención del Gobierno con la inédita consulta pública lanzada el 6 de mayo y la posterior decisión de elevar al Consejo de Ministros la operación, anticipaba la imposición de condiciones asumibles para el banco vasco, en base al interés general y más allá de las ya pactadas con Competencia. Pero la fuerte crisis política que asedia al PSOE ha desbaratado por completo las quinielas sobre la postura que finalmente adoptará el Ministerio de Economía mañana, cuando Moncloa anunciará su decisión.
«Es imposible de predecir; hace unas semanas daba un 99 % de probabilidades a que la opa saliese adelante con nuevas condiciones asumibles para BBVA; pero reconozco que ahora estoy perdido», comenta a este diario un gestor de fondos con ambos bancos en cartera. «La debilidad del Gobierno puede tener varias lecturas: por un lado que, en medio del importante caos que rodea al PSOE, se apueste por evitar más problemas y establecer condiciones aceptables para BBVA, incluso aunque estas obliguen a la entidad a recalcular las sinergias esperadas inicialmente», señala. «Por otro, Economía podría ceder a la presión de socios como Sumar, que exigen una actuación más contundente, con la prohibición de acometer despidos o cierre de sucursales, pero eso lo veo menos probable», insiste.
La presión llega de todos los frentes, de ahí la imprevisibilidad de la resolución final. El informe de la UCO sobre la implicación del ex secretario de organización, Santos Cerdán, en el caso Koldo, ha provocado que los que apoyan al Ejecutivo ganen mucho poder de negociación. Fuentes conocedoras explican que en las conversaciones con el resto de ministerios implicados en la opa, el ministro Carlos Cuerpo ha tenido que lidiar especialmente con las posturas más agresivas de Yolanda Díaz (Trabajo), y de Pablo Bustindui (Consumo), ambos de Sumar.
Pero las presiones para el Ejecutivo llegan también desde otros sectores como las patronales catalanas, donde preocupa la financiación a pymes y, sobre todo, la pérdida de influencia del centro de Sant Cugat. Junts y ERC también se han mostrado en contra, ante el riesgo de perder al único gran banco con sede social en Cataluña (CaixaBank permanece en Valencia). Pero en realidad, ninguno de los dos grupos han hecho del proceso una cuestión modular en sus relaciones con el Ejecutivo, al ser un factor que ha rentabilizado de forma especial el socialista Salvador Illa, al frente de la Generalitat cuando se decidió el cambio de sede a Barcelona a principios de año.
Veto a la fusión posterior
Además, buena parte de los corrillos financieros se inclina por que la resolución del Ejecutivo pasará por adoptar un perfil bajo, pese al asedio de los socios. ¿La forma de contentarles? Anunciar un veto a la posterior fusión de los dos bancos, lo que obligaría a BBVA a mantener a Sabadell como una filial, con su propia marca y una estructura directiva y comercial propias. Quienes defienden esta postura se alinean con la opinión del banco vasco: el Gobierno tiene poco que decir en una operación que ya ha recibido el visto bueno de Competencia y del Banco Central Europeo (BCE).
Además, el Ejecutivo es consciente de que sus movimientos deben ser medidos al milímetro para no enfadar aún más a Bruselas, donde hace unas semanas se produjo un movimiento muy poco habitual en forma de advertencia para no excederse en sus funciones. «No tenemos conocimiento de ninguna razón que pueda justificar el rechazo o el bloqueo de la operación; esperamos que el Gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes», indicaban fuentes de la Comisión Europea.
No solo eso. En línea con la opinión de Bruselas, la propia consulta pública lanzada por el Ejecutivo podría convertirse en un dardo envenenado si se confirma lo que el presidente de BBVA, Carlos Torres, desveló esta semana. Con los resultados del formulario en su poder, el banquero aseguró que una «abrumadora mayoría» no considera que existan riesgos para el interés general en la opa. Una falta de discreción que no ha gustado en el Ministerio de Economía.
El tiempo presiona al banco vasco, que acumulará un año de retraso sobre sus planes iniciales para la compra
L. IRIGOYEN
bilbao / colpisa
El tiempo es clave en cualquier compra empresarial. Cada semana que se alarga es una oportunidad para que surjan dificultades. BBVA está sufriendo esa situación, ya que tras lanzar su oferta por el Sabadell el 9 de mayo del 2024, el calendario no ha hecho más que estirarse. El plan de la entidad vasca era cerrar la operación en octubre del 2024, pero ya trabaja con la hipótesis principal de no cerrarla antes de este septiembre para, además, gestionar los dos bancos por separado.
Lo que sí quiere evitar BBVA es que sea agosto cuando se cierre el período de aceptación a su oferta de canje lanzada a los accionistas del Sabadell. Después de que el Gobierno se pronuncie mañana, el regulador de los mercados (CNMV) deberá validar el folleto de la opa —un trámite de cinco días— y se abriría el plazo para responder a la oferta de BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres podrá dar entre 30 y 70 días para esa ventana.
La estrategia del Sabadell ha sido aprovechar el transcurso del tiempo. Así, tras lograr que la CNMC abriera una segunda fase en el análisis de la operación, ganó cinco meses en los que anunció el regreso de su sede a Cataluña, un golpe en el relato sobre la identidad y la cercanía, que ha sido una constante en el proceso. El tiempo ha servido también para que los responsables del banco catalán hayan jugado en el filo del deber de pasividad subiendo la temperatura y oponiéndose a la operación. Además, han elevado su política de remuneraciones a los accionistas hasta llegar a los 1.300 millones en este 2025, como argumento para rechazar la opa de BBVA.
Y, ahora, la venta de TSB, la filial inglesa del Sabadell. El banco vallesano comunicó esta semana que ha recibido muestras de interés de Barclays y Santander para comprar unas siglas que le reportaron 253 millones de ganancias en el 2024. El banco presidido por Josep Oliu está dispuesto a facilitar una compra rápida, con lo que impactaría de lleno en la opa. Por un lado, afectaría al valor del Sabadell (sacaría de su balance al TSB, que el mercado valora en unos 2.000 millones). Y, de otra parte, de fraguarse una de las ofertas, el retraso de la opa sería mayor, ya que la entidad catalana debería llevarla a su junta de accionistas. Aún así, la determinación de BBVA se mantiene firme.