El Gobierno impide al BBVA absorber el Sabadell al menos tres años, ampliables a cinco
ECONOMÍA
En caso de triunfar la opa, ambos bancos deberán mantener una gestión separada
24 jun 2025 . Actualizado a las 19:05 h.El Gobierno complica el futuro de la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell, al imponer condiciones adicionales que pueden restar atractivo económico a la operación, cuyas sinergias previstas ascendían a unos 850 millones anuales, según la estimación inicial de la entidad vasca. El Consejo de Ministros acordó este martes, a propuesta del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, autorizar la operación de concentración entre ambas entidades, pero con la condición de que los dos bancos mantengan personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía en la gestión durante un mínimo de tres años, que luego podrán ser prorrogados otros dos. Una condición que, en la práctica, impide que el banco vasco absorba al catalán aun en el caso de que triunfe la opa y logre la mayoría del capital del Sabadell al finalizar el proceso de adhesión a la opa.
El Gobierno justificó su decisión en el mantenimiento de cinco criterios de interés general: «garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial; protección de los trabajadores; cohesión territorial; objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible y promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico», detalló Cuerpo.
El ministro especificó que la autonomía en la gestión se tendrá que concretar en el mantenimiento de una toma de decisiones autónoma en relación con las políticas de financiación y crédito (particularmente en la destinada a las pequeñas y medianas empresas), los recursos humanos, la red de oficinas y servicios bancarios y la obra social a través de las fundaciones.
En concreto, en el punto relativo al empleo el ministro advirtió que el Gobierno no consentirá que se realicen ajustes de plantilla vinculados al proceso de concentración. Preguntado sobre cómo podrá determinar el Ejecutivo que un eventual ERE está ligado a la opa y no a la propia dinámica del sector financiero, Cuerpo explicó que se analizará el expediente de regulación de empleo en el momento en que este se produzca: «Solo tenemos que ir a ver qué es lo que ha sucedido en los últimos años con la evolución de las plantillas en ambas entidades. Desde el año 2022 ambas han venido aumentando su plantilla y los últimos procesos expedientes de regulación de empleo en ambos casos datan del 2021. Este es el contexto en el cual tendremos que ir haciendo una valoración de las decisiones que se vayan tomando», explicó, señalando que esta política se aplicará por igual en el caso de eventuales cierres de oficinas.
Lo que sí podrá hacer el BBVA es nombrar consejeros de Sabadell, algo que Cuerpo no cree que pueda afectar negativamente a la autonomía de gestión del banco catalán, ya que los elegidos deberán ajustar su actuación a lo que impone la ley, «obrando de buena fe y en el mejor interés de la entidad de la que son consejeros».
Una evaluación intermedia
En cualquier caso, como última garantía, el Gobierno fija una evaluación del proceso para dentro de tres años, cuando ambas entidades deberán presentar sendos informes. Uno, de situación, en el que detallarán el modelo de gestión autónoma que han llevado a cabo y qué medidas han adoptado para mantener los criterios de interés general establecidos por el Gobierno.
El segundo documento será un plan estructural a largo plazo en el que deberán analizar el alineamiento de sus estrategias corporativas a dichos intereses en los siguientes cinco años.
Tras evaluar ambos informes, el Gobierno decidiría, en el 2028, si extiende otros dos años el veto a una fusión entre ambas entidades.
El BBVA puede ir al Supremo
La decisión del Gobierno, que Cuerpo calificó de «proporcional y equilibrada», puede ser recurrida por el BBVA ante el Tribunal Supremo, para lo cual la entidad debe presentar un recurso contencioso-administrativo en un plazo máximo de dos meses.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, no descartó la semana pasada recurrir a la vía judicial si el Gobierno imponía condiciones más restrictivas a la operación, incluso en el caso de que las acate inicialmente para poder seguir adelante con la opa.
Competencia avala el endurecimiento de condiciones
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, avaló ayer la intervención del Gobierno en esta fase 3 del análisis de la opa, recordando que la Ley de Defensa de la Competencia permite la intervención del Ejecutivo con dos condiciones: que sus correcciones respondan a razones de interés general distintas a las de competencia. «Si cumplen ambas dos, creo que estamos cumpliendo con el espíritu de la ley», expuso.
Además del aval de la CNMC, el Consejo de Ministros recabó también un informe previo de la Abogacía del Estado para justificar su decisión, reiterando en la resolución que el criterio adicional de veto temporal a la fusión responde a «criterios de interés general distintos a los relativos a la defensa de la competencia», al tiempo que confirma todas las condiciones impuestas previamente por la CNMC.
Este organismo impuso, a finales de abril, unos requisitos aceptados por el BBVA para seguir adelante con la opa. Entre ellos, el banco vasco se comprometió a no dejar de prestar servicios en ningún municipio en el que estén presentes actualmente BBVA y Sabadell y a mantener las 35 oficinas especializadas en empresas de Sabadell, así como a sus gestores. Y aceptó mantener los horarios de las sucursales con servicio de caja.
En cuanto a las condiciones comerciales, además de comunicar a los clientes del Sabadell los cambios que les puedan afectar, la entidad vizcaína se compromete a no empeorar las condiciones de los clientes de ambos bancos en aquellas zonas donde la entidad resultante de la operación tenga menos de dos competidores.
En el crédito a pymes, se garantiza el actual volumen de financiación a aquellas pymes que reciban al menos el 85 % de sus créditos de ambos bancos, y en cuanto a los cajeros, se les garantiza el acceso a los mismos a los clientes de Sabadell en las mismas condiciones que ahora.