El Gobierno incluye la falta de vivienda entre sus motivos para frenar la opa de BBVA sobre el Sabadell
ECONOMÍA
Cree que el Sabadell es un actor importante en términos de protección social a los vulnerables y apunta a la reducción del crédito experimentada en otras fusiones
27 jun 2025 . Actualizado a las 10:58 h.El problema de la vivienda asequible en España se ha colado entre la lista de motivos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha esgrimido para imponer nuevas condiciones a la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell, al margen de las pactadas con Competencia.
Más allá del posible riesgo que pueda suponer la operación para el crédito a pymes o la cohesión territorial, el documento en el que el Consejo de Ministros justifica su decisión —que está compuesto por tan solo 25 páginas— detalla en uno de sus puntos que la opa también puede poner en jaque determinados objetivos que persigue el país en materia de política social. Entre ellos, se encuentra la posibilidad de que los Estados actúen para terminar con la escasez de vivienda asequible, una de las grandes preocupaciones de los españoles en los últimos tiempos, con un parque de hogar social que apenas alcanza el 1,5 % frente a la media del 9 % del resto de la Unión Europea, según datos del Banco de España.
El Ejecutivo señala que el Banco Sabadell cuenta con una participación mayor al 50 % en 18 sociedades inmobiliarias, «cuyo activo agregado asciende a 2.303 millones de euros y con capital total por 428 millones de euros». Entre ellas, se encuentra Sogeviso, que gestiona la problemática social de la vivienda de los clientes vulnerables procedentes de ejecuciones hipotecarias de la entidad, tal y como señala el Gobierno en su informe.
Según los datos proporcionados por la entidad catalana para este análisis, esa empresa ha gestionado el alquiler social o asequible de unas 23.000 familias. Y otras 8.500 han participado en su programa de acompañamiento social. «Esta actividad, cuya puesta en marcha fue una decisión autónoma del Banco Sabadell, tiene un sustancial impacto positivo en el interés general», argumenta el Ejecutivo para justificar su intervención en la opa.
A este factor, el Gobierno suma otros también en materia inmobiliaria. Así, el documento también cita las propias aportaciones que el banco catalán realiza al Fondo Social de Viviendas creado en enero del año 2013 y que actualmente cuenta con un total de 9.866 casas, de las que el Sabadell aporta 410, «cifra que ha venido manteniendo desde el 2023 con 440 a cierre de ese año, lo que demuestra su compromiso empresarial con el fondo».
Cabe recordar que varios bancos y entidades financieras participan en programas de vivienda social y asequible, que buscan facilitar el acceso a pisos dignos a precios más bajos para personas con bajos ingresos o en situaciones de vulnerabilidad.
Además de la vivienda, la protección al consumidor es otro de los puntos que también entran dentro del argumentario referente a las políticas sociales que pueden verse comprometidas en caso de que la opa salga adelante. Partiendo de la experiencia de otras operaciones de concentración, Moncloa cree que la desaparición «total y abrupta» de una entidad como el Sabadell podría incrementar de manera significativa el volumen de reclamaciones. «En precedentes recientes, estas aumentaron un 45,7 % en la fusión de CaixaBank-Bankia y un 37,5 % en la de Unicaja-Liberbank», señala.
En todo caso, tal y como detalló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo el pasado martes tras el Consejo de Ministros, es el crédito a las pymes lo que más preocupa al Gobierno, que considera que anteriores fusiones limitaron de manera importante esta financiación.
Y el Ejecutivo pone el ejemplo de Unicaja-Liberbank, donde la exposición conjunta al negocio de pymes por separado pasó del 52,83 % el año anterior a la fusión de las dos antiguas cajas, al 42,25 % en el ejercicio posterior.
Garamendi critica la actuación
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró especialmente crítico con la decisión del Consejo de Ministros: «Sin entrar en la operación, sí creo que lo que no podemos es estar 14 meses en medio de esta inestabilidad; si el Gobierno iba a plantear esto, lo podría haber hecho hace un año», advirtió.