Bruselas expedienta a España por interferir en la opa de BBVA sobre Sabadell
ECONOMÍA
Pide modificar las leyes que lo permiten, que chocan con la norma europea
17 jul 2025 . Actualizado a las 18:51 h.Bruselas había avisado en junio y finalmente ha cumplido su advertencia. La Comisión Europea expedienta a España por interferir en la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, que es lo que entiende que ha hecho al imponer a la operación más condiciones de las aprobadas en su día por Competencia, impidiendo la fusión de ambas entidades durante un plazo mínimo de tres años. El Ejecutivo comunitario considera que España ha vulnerado la normativa relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la UE sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento, y reclama al Gobierno que modifique las leyes nacionales que facultan al Ejecutivo a obstaculizar el proceso.
Por ello, la Comisión anunció este jueves que abrirá un procedimiento de infracción contra España. Aunque el Gobierno se escudó en el interés general para endurecer las condiciones de la opa, e incluso convocó una insólita consulta pública —previa y no vinculante— para apuntalar más sus argumentos, en Europa no ha convencido y, de no modificar la normativa, España podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y enfrentarse a sanciones.
Dos meses para responder
Por el momento, la Comisión envió ayer una carta de emplazamiento a España y ahora el Gobierno tiene dos meses de plazo para responder a la apertura del expediente. En función de los argumentos que le traslade y a la espera de que el país acometa las reformas legislativas que se le han requerido, Bruselas redactará un dictamen motivado. En concreto, el Ejecutivo comunitario espera que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como la ley de defensa de la competencia.
Según la Comisión, las dos primeras otorgan al ministro de Economía capacidad discrecional de veto y poder para decidir sobre operaciones bancarias —como la opa del BBVA sobre el Sabadell— sobre las que únicamente el Banco Central Europeo (BCE) tiene competencias.
Por muy polémica que resulte la oferta, por su carácter hostil frente a la férrea determinación del banco catalán de continuar en solitario, Bruselas entiende que es una operación de mercado y que como tal solo debe someterse a la autorización de los órganos competentes. En el ámbito bancario es el BCE; y en materia de competencia es la autoridad española, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que ambas entidades financieras tienen el grueso de su negocio en España.
Cabe recordar que el BCE ya bendijo la operación y Competencia hizo lo propio la pasada primavera, tras un proceso más largo de lo habitual (requirió ir a una fase 2) e imponiendo condiciones al banco que preside Carlos Torres.
Contra la normativa europea
Bruselas no cuestiona la decisión de elevar la autorización de Competencia al Consejo de Ministros del pasado 27 de mayo, e imponer más condiciones a la fusión, apelando al interés general. En lo que se centra la Comisión es en que la legislación nacional que lo permite contraviene la normativa europea.
«Determinadas disposiciones de le legislación bancaria española y de la ley de competencia, que otorgan al Gobierno español plenas facultades para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias, vulneran las competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales», en virtud del reglamento bancario de la UE, recuerda la Comisión, considerando además que «estas amplias facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».
El requerimiento no interrumpe la operación
La carta de emplazamiento enviada por la Comisión Europea al Gobierno de España por su actuación en la opa del BBVA sobre el Sabadell supone una dura censura sobre el comportamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Bruselas considera que la actuación de la Moncloa no solo vulnera las competencias del Banco Central Europeo (BCE) y del Mecanismo Único de Supervisión, sino también las del propio órgano de Competencia en España, la CNMC, que autorizó la operación.
La Comisión Europea pide explicaciones al Ejecutivo porque cuestiona la compatibilidad de la normativa española con las directivas de la UE. Así, este tipo de expedientes no busca levantar las medidas impuestas por el Gobierno, sino obligar al Estado miembro a modificar su legislación.
Por ello, el procedimiento de la opa, que está a la espera de la publicación del folleto por parte de la CNMV, sigue adelante. Está previsto que el regulador de los mercados haga público ese documento en la última semana de este mes para que el BBVA abra a continuación el período de aceptación de su propuesta; una ventana que puede extender hasta en 70 días y que el mercado da por hecho que mantendrá hasta septiembre.
Mientras tanto, el Sabadell celebrará el 6 de agosto una junta de accionistas para aprobar la venta de su filial británica, TSB, por 3.100 millones al Santander. Una cantidad de la que repartirá 2.500 en dividendos una vez se formalice la operación, en el primer trimestre del 2026. Ese movimiento ha disparado el valor en bolsa del banco catalán obligando al BBVA, según el consenso de los mercados, a contemplar una mejora de su oferta.
La propuesta de canje del banco vasco asciende a uno de sus títulos y 70 céntimos por cada 5,3456 acciones del Sabadell. Esa valoración, según la cotización de este jueves, está casi un 15 % por debajo de la capitalización de la entidad vallesana.
En cualquier caso, el movimiento de Bruselas sí representa un espaldarazo legal al BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres ya había advertido de la posibilidad de llevar a los tribunales la decisión del Gobierno.
El expediente abierto, además, redunda en la apuesta comunitaria por avanzar en la unión bancaria y defiende que «estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que la ciudadanía y las empresas tengan acceso a los productos financieros a precios competitivos». Un refuerzo de la argumentación defendida por BBVA en todo el proceso, que ya rebasa el año.
El Gobierno dice que la legislación señalada por la UE lleva «bastantes años vigente»
El Ministerio de Economía ha defendido siempre que su actuación en la opa del BBVA sobre el Sabadell ha respondido a la legalidad y ha argumentado su derecho a intervenir en bien del «interés general» endureciendo los requisitos fijados en el trámite de la CNMC. «Estamos totalmente convencidos de que nuestra actuación estaba en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea», insistió ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Fuentes de su departamento confirmaron la recepción del expediente de infracción que cuestiona la compatibilidad con las directivas de la UE de la normativa española que permitió a la Moncloa imponer al BBVA la prohibición de fusionarse con el Sabadell en el caso de salir adelante la opa. El Ministerio que dirige Carlos Cuerpo ofrecerá la información sobre su actuación y su apoyo en las leyes de Defensa de la Competencia y de Solvencia Financiera en el plazo de dos meses, según establece el procedimiento. De todos modos, Cuerpo, insiste en que esperan «que al final prevalezca nuestra posición tanto legal, como técnica porque estas dos normativas están perfectamente alineadas con la Unión Europea». Fuentes autorizadas de Economía han señalado que la normativa afectada «lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado en varias ocasiones». Las dos leyes cuestionadas por Bruselas se aprobaron en el 2014.
Cuerpo informará al Congreso
Además, Carlos Cuerpo, comparecerá el lunes en el Congreso para dar cuenta del expediente de infracción contra España. Aunque su comparecencia en la Comisión de Economía tiene como principal objeto detallar el avance del decreto para contener las amenazas arancelarias de Trump, aprobado en mayo, los grupos aprovecharán para preguntarle por otros asuntos, como el bloqueo de 1.100 millones de fondos europeos.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que siempre se ha pronunciado en contra de la opa, defendió la actuación del Ejecutivo. «El Gobierno lo que está haciendo es defender los intereses generales de nuestro país. Está protegiendo a nuestro país del elevado riesgo de concentración bancaria que tenemos», dijo, recordando los puestos de trabajo que destruirá una fusión.