La falta de apoyos al decreto pospone la posible inversión de 200.000 millones
ECONOMÍA

Pese a la presión de empresas y patronales el texto no sale adelante y los agentes advierten de que se ha perdido una «oportunidad de oro»
22 jul 2025 . Actualizado a las 20:35 h.Con llamadas, con reuniones y hasta por carta. Así intentaron el Gobierno y el sector energético al completo hasta el último momento salvar el real decreto-ley 7/2025, bautizado popularmente como decreto antiapagón. Un texto que era una hoja de ruta para evitar en el futuro otro cero eléctrico como el que llevó a negro a la Península Ibérica el pasado 28 de abril y que, para que fuera válido, necesitaba el visto bueno del Congreso, y el Ejecutivo no logró los apoyos necesarios. Al decaer, según datos de la consultora PwC, se pondrán en riesgo alrededor de 200.000 millones de euros. El sector va más allá y asegura que además «se pone en duda la seguridad jurídica de España y su atractivo para el inversor».
El decreto que fue aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros hace un mes, intentó pasar sin éxito su reválida definitiva este martes, planteando un refuerzo del papel de las energías renovables,no solo en el suministro energético, sino en su respaldo y ampliación.
¿Qué mejoras hubiera obtenido el sistema eléctrico de aprobarse el decreto? Podrían participar como parte de la red de respaldo, al igual que hasta ahora lo hacían las redes de generación energética convencional. Un papel por el que serán remuneradas. Este papel es relevante para el control de episodios de sobretensión, la causa principal que generó el apagón del 28 de abril.
El decreto contemplaba, además, una flexibilización de la burocracia y de los plazos que permitan dinamizar más los cambios y nuevos proyectos en el sector energético español. De este modo, se quería contribuir a una mejor planificación de las redes eléctricas a futuro y facilitar la tramitación y desarrollo de nuevas instalaciones de generación y de consumo, y contribuir de esta manera a acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía española.
La titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, definió el real decreto durante su intervención en el Congreso como «una propuesta técnica, pero muy necesaria». La ministra recordó que este real decreto estaba diseñado para «dar respuesta» al cero eléctrico y cuyo objetivo es que «los recursos de los que dispone el sistema estén operativos» en momentos clave. A su juicio, convalidar este texto supone actuar «de forma responsable y decidida» a favor del sistema eléctrico y su transición energética.«Espero ver responsabilidad política y altura de miras», dijo Aagesen minutos antes de la votación en el Congreso, cuando el Gobierno aún no conocía si sacaría su decreto adelante.
El sector, sorprendido
La norma «persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española», explicaban antes de la votación desde Aelec, la patronal de las empresas eléctricas. Pero el Gobierno también ha aprovechado este texto para incorporar más medidas, a modo de decreto ómnibus, hecho que no ha gustado a varios de sus socios de investidura.
En su redacción, el Ejecutivo buscaba acelerar plazos para la nueva planificación de infraestructuras eléctricas, además de ampliar los plazos para que los proyectos de renovables puedan enchufarse a la red, lo que evitaría su clausura. Sin este cambio legislativo, muchos proyectos —«es imposible cuantificar el número y tampoco calcular su impacto», desvela José Donoso, director general de Unef—- tenían que haberse puesto a funcionar hace días, pero, por distintos motivos, no consiguieron llegar a tiempo. Según la normativa actual, deben devolver las licencias que se les han concedido por incumplir plazos. El decreto les da una cierta prórroga, por lo que podrían extender su futuro unos meses más.
Otras medidas adicionales eran eliminar burocracia para el despliegue de electrolineras, rebajas fiscales para favorecer la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos, ampliar las posibilidades del autoconsumo o la exención del 80 % de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva.
Al decaer, se ponen en riesgo inversiones millonarias, según alertan desde el sector energético español, y será un revés para la industria electrointensiva, que vería escapar una bonificación del 80 % de los peajes eléctricos. También señalan, en un informe hecho público este lunes, que podrían quedar bloqueados «al menos 16.000 MW de demanda industrial» si las medidas propuestas quedan en saco roto.