Hacienda exigirá a las empresas y autónomos que adapten en el 2026 sus sistemas de facturación
ECONOMÍA
Solo afectará a aquellos que utilicen sistemas informáticos de facturación, quedando exentos aquellos que emiten facturas en papel
27 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Agencia Tributaria exigirá, a partir del 2026, que todas las empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal, de manera que cada factura emitida genere un registro que no pueda ser modificado ni eliminado. El objetivo es que estos sistemas estén adaptados a la ley de lucha contra el fraude, que en el 2021 estableció un refuerzo de la seguridad de los sistemas informáticos de facturación con el objetivo de que, una vez emitida una factura, ya no sea posible ni borrarla ni cambiar su contenido.
De acuerdo a la nueva normativa, estos sistemas informáticos tienen que incorporar medidas de seguridad y control para que, al emitir cada factura, se cree un registro —con el contenido de la propia factura y datos informáticos— que quede guardado sin posibilidad de modificación y un código QR para facilitar su lectura.
Las nuevas obligaciones afectarán a todos los empresarios y profesionales, ya sean personas físicas o jurídicas, que utilicen sistemas informáticos de facturación (es decir, un software que admite la entrada de información, expide facturas, las conserva y las procesa), con lo que quedarían exentos tanto las empresas y profesionales que no emiten facturas como aquellos que las emiten en papel, sin utilizar sistemas informáticos. Tampoco se aplica a los negocios adscritos al suministro inmediato de información (que ya remiten información de facturación a la Agencia Tributaria).
En julio
Está previsto que la obligación entre en vigor a partir del 29 de julio del año que viene. De hecho, a partir de esa fecha los productores de software no pueden ofrecer sistemas que no estén adaptados al nuevo reglamento. Para empresas y profesionales, la obligación de estar adaptados a la nueva normativa arranca el 1 de enero del 2026 para quienes tributen en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto. En caso de incumplimiento, habrá sanciones tanto para proveedores como para usuarios. Las multas podrán ascender hasta los 150.000 euros.