Manuel Pazo: «Esto no va de un mero interés empresarial, va de salud pública y de pagar energía más barata»

Manuel Pazo (O Carballiño, 1960) suma cuatro mandatos al frente de la Asociación Eólica Gallega (EGA), desde el año 2007. Ingeniero vinculado a las energías renovables, es parte activa del despegue del sector, y testigo de la judicialización y paralización que sufre el desarrollo de la energía eólica en la comunidad. Pazo celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pide responsabilidad a los tribunales, porque el riesgo de nuevas demandas sigue existiendo.

—¿Se esperaban la resolución favorable del TJUE?

—Lo teníamos bastante bien estudiado y las informaciones que nos llegaban iban en ese sentido. El tribunal europeo le mandó a todas las naciones el expediente para que opinaran y muchas, como Alemania, por ejemplo, dijeron que la Xunta actuó favorablemente. Además, el Tribunal Supremo se ha pronunciado favorablemente también. Es una decisión a favor del interés público y le mandó un toque de atención al gobierno de España, para que de una vez se implemente o se trasponga la normativa europea.

—¿Y si el fallo hubiera sido en contra?

—Vamos a ver: si no fuera así, es que se caería cualquier infraestructura que se haya sometido a información pública después de la ley del 2013. Esto no es solo para la eólica, afecta a proyectos de carreteras, líneas de ferrocarril, instalaciones de aguas residuales, es decir, a todo lo que está sometido a información pública. Sería una catástrofe nacional el que la decisión hubiera sido desfavorable.

—La sentencia es contundente, no deja lugar a dudas.

—Es que esto no va de un mero interés empresarial. Estamos jugando con salud pública, con seguridad nacional y con el derecho que tiene el consumidor de una energía verde, limpia y barata. Hay una apuesta en Europa por la energía más barata, y la energía más barata es esta. ¿De qué estamos hablando? De que se ha firmado con Estados Unidos un acuerdo europeo de importación de combustibles fósiles de 750.000 euros en dos años. ¿Qué necesidad tenemos de eso, si podemos generar nuestra propia energía?

—¿Qué va a pasar ahora con todos los proyectos parados? ¿Cómo se desenreda la maraña?

—El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene alrededor de 250 contenciosos sobre un centenar de parques y eso va a llevar tiempo, porque puede hacer dos o tres contenciosos por proyecto. Ahora hay una sentencia de Europa y tiene que resolver todos esos contenciosos. ¿Qué pasa? Hay muchos parques que ya están obsoletos, la tecnología que tenían ya no existe... Entonces, habrá que retramitar parques y ese proceso tiene que ser acelerado.

—¿No temen que, a pesar del fallo del TJUE, aparezcan nuevas demandas por alguna otra cuestión y continúe el bloqueo?

—Por supuesto. Por eso es necesario que España trasponga cuanto antes la normativa europea, para que prevalezca el interés general. Cada proyecto paralizado, además del tema que ha resuelto el TJUE, tiene dos o tres alegaciones más: por fragmentación, por aves, por quirópteros, porque hay un documento en inglés o porque hay una presunción de no sé qué... Cada proyecto es un mundo. Claro que pueden seguir llegando demandas, perfectamente.

—Entonces la seguridad jurídica no está aún garantizada...

—Esta sentencia da más seguridad jurídica, porque lo que viene a decir es que las informaciones públicas y los trámites se están haciendo bien, que es lo que se ponía en duda, pero hay otros posibles temas, la mayoría ambientales. Por eso pedimos implicación por parte de todos los organismos a la hora de cubrir esa seguridad jurídica.

—¿Cree que después de esta sentencia europea, el TSXG será más sensible en sus sentencias?

—No podemos poner en duda el poder judicial, pero dicho esto, creemos que hay un antes y un después de la sentencia del TJUE y pediría más responsabilidad. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser ágiles a la hora de resolver, porque es un problema de interés general y de país.

—Se ha hecho mucho daño al sector. ¿Cuánta inversión se ha perdido?

—No hay una cifra de inversión perdida, no se ha hecho un cálculo. Pero lo que sí que tenemos en juego, sumando los proyectos industriales y la construcción y explotación de los parques pendientes son 10.000 millones de euros de inversión y 22.000 empleos. De cómo se actúe a partir de ahora dependerá el futuro del sector, y dependerá que Galicia tenga una energía autóctona, limpia y que abarate la factura de los consumidores.

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