Yolanda Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada

Acción, reacción. La amenaza de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha hecho realidad mucho antes de lo esperado. Ni 24 horas han pasado desde que el Congreso de los Diputados —con los votos de PP, Vox y Junts— vetara su medida estrella, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, cuando la ministra de Trabajo da el primer paso para la aprobación exprés de la reforma del registro horario, otra de las iniciativas que se incluían en la ley que ha naufragado en el Parlamento. Así, su departamento ya ha iniciado los trámites para llevar lo antes posible al Consejo de Ministros un proyecto de real decreto para introducir cambios en la forma de fichar de los trabajadores, con el objetivo de «controlar los excesos de jornada» y sacar a la luz los tres millones de horas extras que se hacen cada semana y ni se pagan ni se cotizan. En concreto, el Ministerio de Trabajo abrió este jueves a mediodía la consulta pública sobre este nuevo reglamento para, desde este viernes y hasta el próximo 26 de septiembre, poder recibir aportaciones al texto, un paso necesario antes de su aprobación.

Sin embargo, el endurecimiento del control horario que contempla el decreto —de apenas seis páginas— no podrá aprobarse el próximo martes, tal y como reclamaron este jueves los sindicatos, ni siquiera durante este mes de septiembre, puesto que antes debe pasar por el Consejo de Estado, otro trámite más que retrasará el visto bueno del Gobierno al menos hasta octubre.

Aval parlamentario

En este caso, al ser un reglamento, no necesita del aval parlamentario. El documento colgado en el portal web del Ministerio de Trabajo es una vuelta de tuerca al control horario que se implantó de forma obligatoria en el 2019 y exigirá ahora a todas las empresas llevar un registro digital —y no manual— del horario de sus trabajadores, así como que sea cada trabajador el encargado de fichar de forma «personal y directa».

A su vez, establece que se debe registrar «toda la jornada», pero se deberá especificar si el tiempo de trabajo es efectivo o de disponibilidad y si las horas realizadas son ordinarias o extraordinarias, con el objetivo de «identificar más incumplimientos de la normativa, con las consecuencias que legalmente procedan».

«Ello podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismo de verificación de la identidad», señala el documento. Pero Díaz no podrá elevar las sanciones para las empresas que lo incumplan -tal y como quería-, hasta un máximo de 10.000 euros por infracción muy grave (desde los 7.500 actuales) ni que las empresas paguen una multa por cada trabajador y no de forma global, puesto que en este caso sí necesita una modificación de la ley que debería aprobar el Congreso.

Rastreable y telemático

El futuro reglamento también perfecciona el control de las modificaciones y el acceso a la información de cada uno de los registros. El ministerio prevé introducir requisitos específicos, entre ellos que los representantes de los trabajadores reciban periódicamente copias del registro y que su presencia sea necesaria para efectuar cualquier cambio en los datos. Para asegurar la fiabilidad, esta medida podría implicar un sistema de acceso electrónico compatible con distintas plataformas y el uso de herramientas de validación como sellos de tiempo. La modificación, una vez analizadas las aportaciones de la consulta pública, establecerá la obligación de permitir un acceso inmediato y, cuando el registro sea digital, también a distancia. Además, definirá los procedimientos para que las empresas mantengan disponibles los registros individuales para cada trabajador y los registros globales para la representación legal de la plantilla y la Inspección de Trabajo, incluyendo opciones de acceso telemático.

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