La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»

Redacción LA VOZ / COLPISA

ECONOMÍA

PABLO R.SECO | EFE

En respuesta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que Antonio Garamendi, se está marcando «una de extrema derecha»

23 oct 2025 . Actualizado a las 10:59 h.

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a las reuniones del diálogo social. Antonio Garamendi anunció ayer que abandona las negociaciones que comenzaron el lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la reforma del despido en España. Una mesa a la que acudieron, aunque reticentes, para escuchar las propuestas de su departamento que, a priori, buscan elevar la indemnización en las salidas improcedentes, pero de la que aún no habían hecho antes valoración alguna.

«Os anuncio ?decía Garamendi a los empresarios-, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta», argumentó para anunciar que por primera vez en la historia se levantaba de una mesa de negociación con el Gobierno.

Garamendi criticó al Gabinete de Pedro Sánchez al recordar que el propio Ejecutivo «dice que son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta», al tiempo que ironizó con la posibilidad de que otro Gobierno hubiera dicho que la propuesta la debía hacer la CEOE. «Hubiera sido un escándalo», manifestó durante la clausura de la asamblea general ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Por otra parte, también abrió la puerta a «recurrir» la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), arguyendo que esta es la línea que se ha decidido tomar en el comité ejecutivo. «Hay cosas que tendremos que parar», manifestó, aludiendo a que si se empiezan a «plantear temas» en torno al SMI con los que no están de acuerdo tendrán que ir «lógicamente al recurso, porque es lo que su gente necesita».

Por último, el presidente de la gran patronal empresarial española denunció que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca una «pérdida de confianza en los acuerdos», llamando en este caso a fomentar el «diálogo social».

Reforma al despido

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se está marcando «una de extrema derecha» al negarse a reformar el despido pese a que España está obligado a acometerla para cumplir con el Derecho europeo.

«El Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España no está haciendo lo que le da la gana. Está cumpliendo con la fuente de Derecho europeo. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo y, en este sentido, la patronal española tiene muy malos asesores. Entonces, el señor Garamendi, ¿qué está diciendo? ¿Que nos rebelemos frente al derecho internacional y en este caso el derecho europeo?», ha preguntado la vicepresidenta.

Díaz respondía así, en una entrevista con TVE recogida por Europa Press, al anuncio que hizo ayer el líder de la CEOE de que su organización no acudirá más a la mesa de negociación para reformar el despido, cuyos trabajos se iniciaron el pasado lunes, porque parte de una «premisa que no es cierta».

Díaz le ha replicado que el Consejo en Europa ha sido claro en esta materia y ha condenado al Reino de España por su legislación sobre el despido por no ajustarse a la normativa de derecho europeo.

«El debate no va de 33 días o de 45 días (por año de servicio). El debate es que no cumplimos con la Carta Social Europea porque el despido no es restaurativo», ha afirmado la vicepresidenta, que ha insistido en que el despido en España está «mal diseñado», es libre y «casi gratis».

«El señor Garamendi se está haciendo una de extrema derecha. Está diciendo, esto no se puede hacer. Cuando él sabe perfectamente, porque tiene asesores, si no lo sabe él, lo saben sus asesores, que es un mandato que obliga, como dice el Tribunal Supremo, invocando a la Constitución Española, es fuente de derecho español. Es decir, si el PP gobernara, obviamente no lo iba a hacer, pero tendría que hacerlo», ha recalcado la ministra.

Para Díaz, es «muy grave» que la patronal española se coloque «frente a la legislación». «Porque ellos saben que esto es fuente de derecho europeo, lo dice la sentencia del Supremo, que citan. (...) Esta sentencia dice que es fuente de aplicación directa en España y el señor Garamendi lo sabe», ha insistido.

Aumento en la indemnización

Díaz ha afirmado que la intención del Gobierno es reformar el despido para incorporar la lógica del daño emergente y el lucro cesante. «Importa la edad (a la que es despedido el trabajador), importa el género, importa su profesión, importan muchísimas cosas. Esta lógica es la que no cumple España y es la que vamos a corregir», ha subrayado la ministra.

«El despido no es lo mismo que se produzca en una persona que es joven, que habla cinco idiomas y que tiene una elevadísima cualificación, a que se produzca en una persona, por ejemplo, una mujer de mi edad que tenga 54 años, que no tenga formación y que tenga elevados riesgos de exclusión en el mercado de trabajo.

Díaz ha abundado que lo que cuestiona el modelo europeo es que en España la ley fije de antemano el precio del despido, «algo que Europa ha dicho que es ilegal», pues han de tenerse en cuenta las características personales del trabajador despedido, en lugar de tener fijado 'ex ante' la indemnización.

«Y esto es lo que vamos a corregir, no vamos a decir, el valor es 20 días ante el despido objetivo, el valor es 33 días, como está ahora (en el despido improcedente). Lo que vamos a decir es que la lógica del despido restaurativo se incorpora y es probable que aquí, la experiencia de los tribunales españoles, cualquiera que haya ejercido en el derecho, sabe que se va a incrementar», ha indicado la ministra.

Por eso, ha dicho Díaz, la patronal española no quiere hablar de este tema, «en lugar de ser una patronal moderna y europea y defender la fuente de derecho europea».