El recurso al Constitucional contra la repotenciación obligatoria de los parques deja en suspenso al menos 5 meses la modernización de 20 recintos
23 oct 2025 . Actualizado a las 11:22 h.El Gobierno acordó en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la obligación de repotenciar los parques eólicos con más de 25 años de antigüedad impuesta por la Xunta en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de este ejercicio. El Ejecutivo entiende que entra en confrontación con «las bases del sector eléctrico con previsiones normativas que colisionan con el derecho estatal». Para el Gobierno autónomo, esa decisión tiene consecuencias, tanto desde el punto de vista ambiental, como económico, impidiendo una reducción de la huella de los parques y de la factura de la luz de los gallegos. Las repotenciaciones implican la retirada de los aerogeneradores de un parque y la sustitución por otros, de más potencia, de forma que con menos unidades, los promotores consiguen incrementar la generación de electricidad.
Cuando la norma autonómica entró en vigor, el pasado enero, eran 25 los recintos que tenían que pasar por el taller para ser modernizados, aunque cinco de ellos ya habían iniciado el proceso. El recurso deja en suspenso ahora la modernización de los otros 20, al menos durante cinco meses, cuando el Tribunal Constitucional tendrá que levantar o ratificar esa decisión.
El Ejecutivo de Alfonso Rueda entiende que el recurso —que el Ejecutivo presentó después de que las asociaciones sectoriales le pidieran amparo—, impide «a capacidade de redución das afeccións ambientais asociadas aos parques eólicos implantados en Galicia». En este sentido, afirma que congela la retirada de 582 aerogeneradores de los montes gallegos. De acometerse la repotenciación, los parques con más de medio cuarto de siglo vida y que actualmente cuentan con 733 máquinas, pasarán a tener 151.
La sustitución por molinos más modernos también tendrían una repercusión directa en el incremento de la generación renovable de la comunidad, ya que los parques pasarían de producir 1.381,4 gigavatios a la hora al año a 1.858,2. En términos porcentuales, un 34,5 % más. «Isto permitiría unha maior capacidade para que Galicia puidese desenvolver políticas de xeración de beneficios sociais e económicos, e máis concretamente, de aforro dos custos enerxéticos para as industrias, así como para as persoas consumidoras das zonas nas que se implantan os proxectos», sostiene la Xunta.
Aprovechamiento de recursos
Eso es así por la ley de aprovechamiento de los recursos naturales de Galicia, que obliga a los promotores a presentar proyectos asociados a las instalaciones energéticas para revertir parte de esos beneficios en la comunidad.
Por otro lado, el freno a la modernización de las instalaciones implica, para el Gobierno autónomo, una traba que puede mermar el interés de las industrias por implantarse en la comunidad, «xa que a enerxía será máis cara do que podería ser, en caso de que as medidas dirixidas á repotenciación seguisen en vigor».
La judicialización de la norma viene a añadir una mayor incertidumbre al sector, que acusa una grave parálisis debido a las medidas ordenadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha dejado en suspenso cerca de 90 proyectos para la construcción de nuevos parques.
El Ejecutivo central también litiga contra las zonas de aceleración verde
Otra de las normas que llevará el Gobierno al Constitucional es la que regula en Galicia las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR). El Ejecutivo autónomo lamenta que se judicialice este aspecto, ya que su puesta en marcha es un mandato de la Unión Europea, que en el 2023 emplazó a los Estados miembro a designar áreas para acoger proyectos verdes. Se trata de espacios en los que no se prevé que las instalaciones de generación tengan un impacto ambiental significativo.
La Xunta admite que la directiva comunitaria alude específicamente a los Estados, «o seu desenvolvemento correspóndelle á Administración competente dentro de cada un dos Estados, segundo a orde interna de distribución de competencias». Como el Gobierno central no ha traspuesto la normativa europea, el autónomo se considera legitimado a desarrollar este tipo de zonas, «xa que se trata dunha cuestión directamente relacionada co medio ambiente e urbanismo, é dicir, trátase dunha cuestión que afecta a paisaxe e á ordenación do territorio». El Ejecutivo nacional entiende que el gallego no puede activar esas zonas hasta haber traspuesto la norma europea a la estatal. «Entendemos que é unha contradición que o Estado non traspoña unha directiva que podería favorecer a implantación de proxectos de enerxía renovables e, con todo, se algunha comunidade quere avanzar no desenvolvemento desta figura, póñaselle freo», lamenta la Xunta.