El último panel del foro de la profesión docente abordó el tema más espinoso: la evaluación periódica, que proponen voluntaria, cada seis años y a partir de siete competencias
17 may 2019 . Actualizado a las 13:30 h.Terminó el foro Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente, que es el punto de partida de la reforma de la carrera profesional, con la participación de Álvaro Marchesi, uno de los padres de la Logse; José Moya, de profesores del Proyecto Atlántida; Aurora Ruiz, del think thank Lorenzo Luzuriaga; y Carmen Rodríguez Martínez, de la agrupación de profesores Foro de Sevilla. Moderó Elena Martín, de la Autónoma de Madrid.
«La formación permanente es un derecho y un deber». Lo dijeron ayer varios de los ponentes del último panel, aunque a partir de este punto surgen las diferencias. Aurora Ruiz se preguntaba que primero «habrá que saber qué perfil docente queremos, y a partir de ahí dependerá la formación de profesores» y José Moya recordaba que «las piezas [desde el acceso al grado a la jubilación] deben encajar». En general hubo acuerdo en que la formación debe ser obligatoria (al menos en parte) y adaptarse a las necesidades de cada centro, donde los centros estableciesen un plan propio de desarrollo (como se hace en Galicia). Carmen Rodríguez aludió a un cambio de función de los centros de formación (CFR en Galicia) para que sean puntos de encuentro y en donde los que trabajen sean profesores también.
Como resumen de lo debatido, Elena Martín valoró que las ideas están en el aire, como la tensión entre las exigencias individuales y colectivas, que la formación y la evaluación vayan a la par, que y que los resultados del alumnado no deben asociarse nunca a la valoración del desempeño docente.
Álvaro Marchesi presentó su propuesta de evaluación voluntaria. Mide siete competencias (favorecer el aprendizaje de los alumnos, responder a la diversidad del alumnado, usar las TIC, trabajar en equipo, cuidar el desarrollo socioemocional de los alumnos, relacionarse con familias y colaborar en las actividades del centro); se hace cada seis años (o antes si se presentan proyectos concretos en forma colectiva); el profesor lo gestiona a través de un portfolio, un informe detallado que completa cada año explicando qué indicadores ha ido cumpliendo de cada competencia; y la valorarán los que así decida la Administración (la inspección, los equipos directivos...). Los más interesante son sus consecuencias, tres: cerrar el período de inducción (es decir, el proceso de integración al aula); marcar el desarrollo profesional (con un sexenio se puede ser tutor de prácticas, con dos directivo, con tres inspector, con cuatro profesor asociado a la universidad...) y supondrá un incremento salarial. El calendario permitiría aplicarlo a partir del 2021 (el 2019 para los acuerdos sectoriales y el 2020 para el desarrollo normativo).
