La Fiscalía estudia si investiga las candidaturas de EH Bildu que incluyen a 44 condenados por pertenencia a ETA
ELECCIONES 28M
Sostiene que tomará la decisión que proceda respecto a la apertura o no de diligencias una vez analice la denuncia de Dignidad y Justicia
12 may 2023 . Actualizado a las 14:17 h.La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si investiga a las 44 personas condenadas por su pertenencia a ETA que han sido incluidas en las listas electorales de EH Bildu tras recibir la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia en la que su presidente, Daniel Portero, instaba a comprobar si las candidaturas son válidas.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el ministerio público ha informado que tras recibir el citado escrito «ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales».
A juicio de la asociación que preside Daniel Portero, hijo del que fuera fiscal jefe en Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA, estas candidaturas pueden suponer «un flagrante incumplimiento» de la Ley de Partidos Políticos, «al incluir la formación política EH Bildu en sus listas a personas condenadas por terrorismo», lo que daría lugar «a su ilegalización». En un escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Efe, esta asociación de víctimas del terrorismo reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que proceda «a la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y con la máxima diligencia, dado que están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo».
Dignidad y Justicia señala también que la concurrencia a las elecciones de los siete etarras que fueron condenados por asesinato, «en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas», causa ya de por sí «humillación y vilipendio» a las víctimas del terrorismo.
Solicita así a la Fiscalía que lidera Jesús Alonso, que realice todas las averiguaciones pertinentes para determinar si estos 44 condenados por terrorismo tienen cumplida o no su pena de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público impuesta por sentencia firme. De este modo, indica el escrito, se podrá determinar si esos candidatos está incursos «en causa de inelegibilidad» del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Dignidad y Justicia pide en concreto que se constante si ha existido algún «fallo por parte de la Administración de Justicia en la ejecución de las sentencias impuestas a dichos sujetos, como en otras ocasiones ha ocurrido» en lo que se refiere al cumplimiento de las penas de inhabilitación.
Recuerda que así sucedió con la candidatura del líder de Bildu Arnaldo Otegi cuando concurrió a las elecciones en el 2016 tras cumplir condena de prisión por el caso Bateragune, el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna por el que fue condenado a diez años de cárcel por integración en organización terrorista. En aquella ocasión, Dignidad y Justicia también denunció su inclusión en listas electorales sin tener cumplida en su totalidad la pena de inhabilitación.
En concreto presentó una lista de 47 condenados por dichos delitos, entre ellos Otegi, que fue atendida por parte del entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que llevó a las diferentes secciones que les juzgaron a calcular la liquidación de sus respectivas condenas. Como consecuencia de esa liquidación, recuerda el escrito, la Junta Electoral de Guipúzcoa acordó finalmente excluir a Otegi como candidato de la candidatura de EH Bildu al Parlamento vasco en el 2016.
«En atención a esos antecedentes, esta asociación cree que es posible que alguno de estos 44 candidatos tenga pendiente de cumplimiento esa pena de inhabilitación para empleo o cargo público, lo que sería causa de inelegibilidad del artículo 6.2 LOREG», o constitutivo de un delito de «quebrantamiento de condena, prevista y penada en el artículo 468 del Código Penal».
En su escrito, DyJ alerta de que «están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo».
En este sentido, la asociación sostiene que «es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones», comprobando si todos ellos han cumplido sus respectivas condenas.
Así las cosas, señala que «ya existen precedentes en los que esta asociación ha denunciado hechos esencialmente idénticos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como es el caso de Iker Casanova Alonso».
«Otro precedente lo constituye el caso de Arnaldo Otegi», añade la denuncia, que recuerda que la Junta Electoral de Guipúzcoa acordó en agosto de 2016 excluir al actual líder de EH Bildu como candidato, «evitando así la concurrencia a unas elecciones autonómicas de un condenado por delito de terrorismo, con la pena de inhabilitación sin cumplir».