Las fuerzas del bipartidismo se quedan solas en su defensa de las diputaciones provinciales
ELECCIONES 2016
La supresión de estos entes, que vuelven a protagonizar la campaña, ahorraría de inmediato 600 millones de euros
16 jun 2016 . Actualizado a las 09:03 h.El debate sobre el futuro de las diputaciones provinciales vuelve a ser determinante en la disputa del voto rural de las elecciones del 26J. Y de su supervivencia depende también conservar enormes cuotas de poder. Ahí, quienes más se juegan son el PP y el PSOE, y son precisamente las fuerzas del bipartidismo las que vuelven a quedarse solas en la defensa de la permanencia de los entes provinciales. El miércoles fue el turno para Rajoy, una vez más. Las diferencias en los programas del PP y del PSOE son de matiz; los populares abogan por «potenciar su papel imprescindible para la adecuada prestación de servicios en los ayuntamientos», y los socialistas, «por modernizar las diputaciones reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes».
Tras el 26J, el futuro que corran estas administraciones volverá a protagonizar las negociaciones para formar Gobierno. Ya ocurrió en el pacto entre el PSOE y Ciudadanos tras el 20D, y que obligó a los socialistas a asumir la eliminación que propugnaba la formación de Albert Rivera. «Ahora hemos vuelto a nuestro programa porque no se formó Gobierno y hubo que repetir elecciones y en nuestro documento no se dice nada de eliminar administraciones», precisa Susana Sumelzo, número uno socialista por Zaragoza y secretaria de Administraciones Públicas del PSOE. «Nosotros nos planteamos cinco objetivos para la Administración pública, que sea innovadora y simplificada; eficaz, con mejores profesionales y que apueste por la transparencia y el buen gobierno», añade Sumelzo.
Los posicionamientos del PP y del PSOE, partidarios de mantener el statu quo, contrastan con los de Ciudadanos y Podemos. La formación de Albert Rivera aboga por suprimir las diputaciones y fusionar municipios para que puedan prestar servicios de forma más eficaz y sostenible. Y la de Pablo Iglesias, por una eliminación progresiva de los entes provinciales.
«Su estructura ya no responde a la realidad de este país, y por tanto, queremos que desaparezcan; sí queremos que los ayuntamientos recuperen competencias en bienestar social y mejoren su financiación», precisa Auxiliadora Honorato, secretaria de Acción Institucional de Podemos.
Un reciente informe coordinado por la fundación ¿Hay derecho? cifraba en 600 millones de euros el ahorro inmediato que supondría eliminar las diputaciones; solo el pasado año, los 38 entes provinciales movieron un presupuesto de 6.358 millones. Y la partida más grande, un 37 %, se destinó a financiar la estructura. El BNG es la fuerza que ha defendido desde siempre la supresión de las diputaciones provinciales. Y al igual que el pasado 20D, vuelven a llevar ahora esta propuesta en su programa electoral.
Las reformas administrativas pendientes
a reforma administrativa o la reforma de la Administración pública son como un Guadiana. Con motivo de la crisis económica y de pronunciamientos sobre reforma de la Constitución han vuelto a adquirir protagonismo. Ante cualquier reforma es preciso tener claro lo que se quiere. En la respuesta se mezclan lo ideológico, referido a la concepción del Estado y de sus instituciones, y lo eficiente. Una primera dificultad. Las reformas estructurales no se abordan porque son de largo alcance y requieren un acuerdo interpartidario reflejo de un acuerdo social, o se plantean de un modo parcial y unilateral que tiene el constatable riesgo de alejar de una solución duradera. Por eso están pendientes.
Se ha centrado la atención en el exceso del peso del gasto público que supone la estructura del Estado autonómico. Sobran organismos en todos los niveles y se duplican las funciones. El foco se ha dirigido con intensidad sobre la reforma del régimen local; municipios y diputaciones para entendernos. Es evidente la necesidad de un replanteamiento. La orientación debe dirigirse al fortalecimiento de los municipios, por ser elementos estructurales del Estado que rebasan su mera caracterización de Administración pública, como prueba el modo de la elección, análogo al del parlamentario. Son un pilar de la democracia. La realidad es que de los más de ocho mil municipios existentes, el 72 % tiene menos de dos mil habitantes. No es posible que cada uno de ellos pueda prestar los servicios públicos requeridos. De un modo más profundo no están en condiciones de ejercer una responsable autonomía que reconoce la Constitución.
La solución pasa por una remodelación del mapa municipal que sea resultado de un amplio consenso político y social. Las fusiones voluntarias no lo son. Habrá que conjugar optimización de los servicios con sentimientos e historia. Existen fórmulas y experiencias. Una dirección pragmática, en mi opinión equivocada, es transferir competencias de municipios a las diputaciones. El nuevo escalón de las comunidades autónomas hace difícil defender ahora la provincialización del régimen local. La reforma habría de hacerse a costa de las diputaciones. La generalización espuria de parlamentos las ha eliminado en las comunidades uniprovinciales. La comunidad autónoma en todo caso y la nueva planta municipal, una vez aprobada, podrían entonces sustituir a las que subsisten, utilizando o no la alternativa de «otras corporaciones representativas».