La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública señaló ayer que la privatización de este tipo de servicios origina la pérdida de su calidad y pide «un servicio público de transporte sanitario». Según aseguran, «las reivindicaciones de los huelguistas son razonables, puesto que es imposible asegurar un servicio de calidad si existen unos horarios excesivos que suponen un riesgo suplementario a los pacientes trasladados». Responsabilizan a la Consejeria de Sanidad de la Comunidad como principal responsable de la situación creada y sostienen que debe de ser resuelta «mediante la creación de un servicio publico con medios propios que evite situaciones como las actuales y asegure un servicio de calidad a la población. La oposición Esta misma posición es la que sostiene el PSOE. Su portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, Helena Almazán, afirmó que es «imprescindible que el Gobierno regional rescinda el contrato con la UTE que gestiona el traslado no urgente de enfermos, y que este servicio de transporte se convierta en un servicio público basado en la calidad de vida y no en criterios económicos». Los socialistas piden a la Comunidad que medie en el conflicto. El portavoz de IU, Ángel Pérez, afirmó estar de acuerdo con el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en el derecho a los pacientes a recibir el servicio, pero subrayó que «el derecho a la paciencia ha sido suficientemente ejercido, pues llevan sufriendo meses el nulo funcionamiento de las ambulancias». El portavoz del PP, Miguel Ángel Villanueva, hizo un llamamiento para que los servicios mínimos se cumplan.