La cita, que tendrá lugar en Madrid, fue aplazada hace dos meses Arrestado en Ceuta un policía nacional que dejaba entrar a marroquíes a cambio de dinero
25 nov 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y Marruecos, Ana Palacio y Mohamed Benaissa, se producirá en diciembre. Este es el encuentro que debía celebrarse a finales del pasado mes de septiembre, pero Benaissa decidió suspenderlo de forma unilateral, tras denunciar la violación del acuerdo que alcanzaron ambos ministros en Rabat a finales de julio, con el que se cerró la crisis del islote Perejil. «Estamos perfilando las agendas, pero yo espero que en la primera quincena de diciembre venga a Madrid», dijo ayer la ministra Palacio en declaraciones a Radio Exterior. Esta visita podría servir para poner fin a la crisis hispano-marroquí abierta en octubre del 2001 con la llamada a consultas del embajador alauí en Madrid. Palacio aseguró posteriormente, antes de comparecer en la Comisión de Cooperación al Desarrollo, que se baraja el 11 de diciembre como fecha más probable. Esta reunión debía celebrarse el pasado 23 de septiembre. Benaissa debía devolver así la visita que Ana Palacio hizo a Rabat el 22 de julio, en un tenso encuentro que sirvió para cerrar la crisis abierta por la invasión del islote Perejil. Allí se acordó que esta segunda reunión, a celebrar en Madrid, serviría para estrechar lazos, zanjar la larga crisis y permitir el regreso de ambos embajadores. Benaissa suspendió aquella reunión tras denunciar que un helicóptero de la Armada española se había posado en el islote Perejil, violando el acuerdo de julio en el que se garantizaba el statu quo del islote. Ese mismo día denunció una segunda violación de su espacio aéreo que resultó ser una avioneta contratada por un canal de televisión para sobrevolar Perejil y tomar imágenes. Inmigración Un agente de la Policía Nacional destinado en la frontera de El Tarajal, en Ceuta, fue detenido por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores y por falsificación. Según la Delegación del Gobierno, el funcionario supuestamente estampaba un sello de entrada schengen en pasaportes de ciudadanos marroquíes de manera improcedente y previo pago de una cantidad de dinero.