El Gobierno aprobó ayer la ley que establece las indemnizaciones que percibirán los españoles que mueran o queden incapacitados en misiones de paz y seguridad. La norma fija en 140.000 euros la cantidad que percibirán sus herederos en caso de muerte, y en 390.000 en casos de gran invalidez. El decreto tiene carácter retroactivo, por lo que en cuanto entre en vigor se beneficiarán de ella los deudos de 91 miembros de las Fuerzas Armadas; ocho policías y guardias civiles; tres diplomáticos y siete periodistas. De esas 109 personas sólo sigue con vida un guardia civil, que sufre una gran invalidez. El resto murió en zonas conflictivas desde la aprobación de la Constitución hasta ahora, sobre todo a partir de 1989. El ministro de Defensa, José Bono, explicó que las indemnizaciones servirán para pagar la «deuda urgente» que el Estado tenía -en términos económicos, pero también de reconocimiento- con aquellos que dieron la vida «luchando por la paz». Estarán amparados por estos seguros desde el momento de su salida de España hasta su regreso, siempre que vayan a lugares donde operen tropas españolas y estén acreditados ante los ministerios de Defensa o Interior. Quedarán excluidos quienes por su cuenta decidan permanecer en zonas de peligro después de que las autoridades hayan aconsejado su marcha. Entre los beneficiaros no militares se encuentran los allegados de los periodistas Ricardo Ortega -asesinado en Haití-; José Couso y Julio Anguita Parrado -muertos en Irak-; Julio Fuentes -tiroteado en Afganistán-; Miguel Gil -asesinado en Sierra Leona-; Jordi Pujol -muerto en Sarajevo-, y Juantxu Rodríguez, abatido en Panamá.