Dice que lo hizo para que los niños no acabasen en un orfelinato La mujer puede tardar varios años en cobrar la indemnización, si la fiscalía recurre
17 ene 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El juez de titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, rechazó ayer los argumentos de la Audiencia Provincial contra sus resoluciones en el caso de la madre privada de sus hijos durante diez años y dijo que es necesaria una reforma de la ley para no «condenar a los niños a la institucionalización en orfelinatos». Serrano, duramente criticado en la sentencia que condena a la Junta de Andalucía a pagar 1,4 millones a la madre, declaró que no tiene «ningún miedo». «Otras veces me han puesto de chupa de dómine y cuando el asunto ha llegado al Tribunal Supremo en todas las ocasiones me han dado la razón», dijo. Según el juez, es necesaria una reforma de la ley para que los padres biológicos sean informados correctamente de lo que significa una declaración de desamparo de sus hijos y no puedan oponerse a ella pasados cuatro o cinco meses. Ello debe ser así, según dijo, porque los niños dados en acogimiento «desarrollan un entroncamiento con su nueva familia que es imposible de romper, porque han creado un cariño y afecto con quienes consideran sus verdaderos padres», y volver con los padres biológicos les supone recuperar «un mal recuerdo». Serrano explicó: «Por la cuantía, interés y trascendencia del caso, primero de esta índole en España, lo llevé como un juicio ordinario que debe acabar en sentencia y no en auto». Ello supuso «la comparecencia preliminar y todas las fases de un juicio ordinario, para que no hubiera ningún tipo de indefensión para ninguna de las partes». El juez manifestó que el Supremo le ha dado la razón en otros asuntos, como la niña de Benamaurel de Granada, y aseguró que «la ejecución de una sentencia en cuestión de menores es muy difícil de llevar a cabo porque lo que hoy es así, mañana no puede ser». «Un niño no es una cosa estática», señaló, y entenderlo así «es condenarlo a una política de orfelinatos», señaló. Plazos en los fallos La Fiscalía de Sevilla decidirá la próxima semana si respalda la decisión de la Audiencia de indemnizar en 1,4 millones de euros a la madre de Iván y Sara o si recurre ante el Tribunal Supremo, lo que supondría un retraso de varios años para cobrar la indemnización. La consejera andaluza para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, avanzó que el gabinete jurídico de la Junta está estudiando la posibilidad de plantear un recurso. Navarro abogó por una reforma del Código Civil y de la Ley Procesal para establecer plazos en los pronunciamientos de la Justicia y evitar sentencias diez años después de que una causa haya entrado en los tribunales. Por su parte, María del Mar Arredondo, letrada de los padres de acogida de Iván y Sara, lamentó que los niños hayan sido «los más perjudicados» por cuestiones procesales que han alargado el caso diez años. Arredondo aseguró: «el niño, que ahora tiene 13 años, es feliz, quiere mucho a sus padres e intentamos mantenerlo alejado de esto». La abogada, al igual que hizo la Fiscalía de Sevilla en la vista ante la Audiencia, cree que lo más urgente es que se regule la situación jurídica de Iván, que se encuentra bajo la «guarda de hecho» del matrimonio de Dos Hermanas (Sevilla) que lo acogió en 1996 junto a su hermana. Arredondo manifestó que sus clientes siempre han respetado la voluntad de los menores y recordó que ella misma, junto a la madre de acogida, entregó personalmente a la niña a su madre biológica el 17 de septiembre del 2004, en el momento mismo en que lo pidió la menor. En cuanto a Iván, dijo que el niño «está asimilando que su hermana se ha marchado, con lo que no está de acuerdo». Desde que Sara decidió volver con su madre, hace casi un año y medio, los dos hermanos no han vuelto a verse. La Audiencia establecerá en los próximos días un régimen de visitas.