La Junta reclama 1,77 millones de euros por los gastos sanitarios de 135 pacientes víctimas del tabaquismo.
23 sep 2007 . Actualizado a las 16:23 h.La Junta de Andalucía ha presentado ante la Audiencia Nacional una demanda contra el Estado, que permitirá continuar el proceso judicial iniciado en 2002 contra seis empresas tabaqueras, con el argumento de que hasta el año 1998 la administración estatal era propietaria de Tabacalera.
Así lo confirmó hoy a Efe el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien señaló que la actitud de la Junta se basa «en la responsabilidad política» de «recuperar» el dinero público gastado en Sanidad y «colaborar» con los ciudadanos ante la «indefensión» sufrida por la acción «ilícita» de las tabaqueras.
La demanda, presentada el 20 de septiembre en la sala sexta de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, es continuación de la que la Junta planteó por la vía civil en junio de 2002 contra las empresas British American Tobacco, Cita, Altadis, Tobacco Canary Island, Philip Morris Spain y JT International.
A estas multinacionales tabaqueras la Junta reclama 1,77 millones de euros por los gastos sanitarios de 135 pacientes víctimas del tabaquismo.
La Junta ha tenido que acudir a lo contencioso-administrativo y a incluir al Estado, junto a las seis tabaqueras, por su posible responsabilidad patrimonial en la comercialización del tabaco, debido al monopolio que tuvo hasta 1998.
Zarrías recordó que en 2002 ya planteó que el Estado formara parte del proceso, algo que «declinó» la entonces ministra de Sanidad del Gobierno del PP, Celia Villalobos.
«Ahora se abre una nueva vía en la que entendemos que se nos establece una serie de posibilidades para que nuestra demanda tenga éxito», advirtió el consejero, quien anunció que en esta demanda la Junta aprovecha para incorporar una serie de novedades documentales respecto a las anteriores demandas interpuestas.
Concretamente, se actualizan los informes de los peritos, y se presentan estudios con avances desde el punto de vista científico que se han producido desde 2002 y que, de alguna forma, permiten conocer la composición y estructuras de los cigarrillos y los métodos analíticos que se emplean.
La Junta presenta también documentos de «relevancia internacional» en los que se incluyen nuevos datos sobre la comparación en la composición de los cigarrillos y sobre el daño del tabaquismo pasivo, así como las estrategias de las tabaqueras para captar adolescentes y la influencia de la publicidad en el hábito de consumo.
«Creo que se aportan pruebas suficientes para demostrar el daño del tabaco a la salud y a la economía del sistema público andaluz», apuntó Zarrías, quien señaló que el estudio «sólido y solvente» de la Junta pretende pedir a las tabaqueras «que se lucran con la adicción que paguen al erario público los gastos de esta adicción».
Según el consejero, estas patologías se han convertido en el primer problema de salud pública de Andalucía, ya que causan en torno a 10.000 fallecimientos al año.
Añadió que el tabaquismo es la causa del 30 por ciento de los casos de cáncer de pulmón, del 80 por ciento de las afecciones pulmonares y del 20 por ciento de muertes por problemas coronarios o vasculares.
Zarrías indicó que la vía abierta en la Audiencia Nacional permite a la Junta «ser optimista», aunque admitió que es consciente de que será un proceso «largo y complejo».
No obstante, insistió en que la decisión ha sido adoptada porque la Junta «tiene la responsabilidad política de actuar en defensa de los ciudadanos ante la indefensión contra estas grandes multinacionales y el daño al dinero público de los andaluces».