Administración y sindicatos no hallan la vía para instaurar las unidades de asuntos internos más allá de Madrid y Barcelona
19 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Los abusos de poder que han sufrido los vecinos de la localidad madrileña de Coslada durante más de dos décadas por parte de su jefe de la policía Local, Ginés Jiménez, y de una veintena de agentes de este cuerpo ha vuelto a sacar a la luz la necesidad de que exista algún tipo de control y vigilancia sobre estos agentes de la autoridad que dependen de la Administración más cercana a los ciudadanos. Pero el pequeño tamaño de estas policías está dificultando la toma de decisiones en esta línea.
En España existen actualmente 2.500 cuerpos de policía local, y prácticamente solo los dos de más envergadura, los de Madrid y Barcelona, cuentan con unidades de asuntos internos que ponen límites al abuso de poder y dificultan las corruptelas de unos profesionales que pasan mucho tiempo en la calle envueltos en miles de tentaciones.
La necesidad de estos policías de policías se hace más apremiante a medida que se conocen situaciones como la de Coslada. Y aunque es cierto que esta corrupción no está generalizada, no lo es menos que se produce de vez en cuando. Quizá por ello, es una circunstancia en la que están de acuerdo tanto el Ministerio del Interior como el sindicato más representativo de los policías, el SUP.
Valoración de Rubalcaba
El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció la semana pasada que esta iniciativa puede ser positiva para evitar que se repitan casos como los de Ginés Jiménez y su banda, aunque precisó que la dificultad de establecer controles en estos cuerpos policiales reside en que son de «tamaño muy pequeño». En esta misma línea se expresó el secretario general de SUP, José Manuel Sánchez Fornet, que ve como única solución la existencia de estos controles internos.
Es posible que cuando estos cuerpos locales comenzaron su andadura no fueran indispensables estos controles. De hecho, la ley de 1986 que especifica sus competencias las limitaba a cuestiones de tráfico dentro del casco urbano, vigilancia de espacios y edificios municipales, prevención de la delincuencia, prestación de auxilios en accidentes y catástrofes y la colaboración en las funciones de Policía Judicial con el resto de las fuerzas de seguridad. Si bien es cierto que posteriores normativas autonómicas ampliaron estas competencias con la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales y el control del medio ambiente.
Pero hoy, los 80.000 policías locales forman una estimable autoridad que debería estar coordinada con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, para aumentar su efectividad y no invadir sus respectivas competencias. Aunque quizá también resultaría necesario un modelo policial más claro que el actual.