La Fiscalía General del Estado ha comunicado al Gobierno la fórmula legal con la que cree que el Estado puede disolver los 42 ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV) en el País Vasco y Navarra, según confirmó ayer en el Senado Cándido Conde-Pumpido.
El informe técnico del ministerio público sugiere una reforma legal que declare causa bastante para ordenar la disolución de un ayuntamiento que esté gobernado por concejales elegidos en las listas de un partido o una candidatura que con posterioridad ha sido ilegalizada por el Tribunal Supremo por su vinculación a ETA, según indicaron fuentes de la Fiscalía.
Se trata de añadir una nueva causa de disolución de las corporaciones locales «por decisiones gravemente dañosas para los intereses generales» a las que ya contempla el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.
La sugerencia de la Fiscalía será discutida ahora por el Gobierno, junto con las aportaciones de la Abogacía del Estado, antes de decidir si la envía al Parlamento para su aprobación. El Gobierno y el PSOE se comprometieron en diciembre a traer lo antes posible al Congreso la reforma legal que posibilite el desalojo de todos los alcaldes de ANV. De hecho, llegaron poner como fechas posibles para iniciar la discusión de la reforma legal febrero o marzo, plazos que ya se han incumplido.
Todos los municipios con alcalde de ANV, 33 en el País Vasco y 9 en Navarra, encajarían en esta fórmula legal, con lo que, de llevarse a la práctica, supondría el desalojo a corto plazo de los últimos cargos públicos que los partidos vinculados a la banda terrorista tienen poder en las instituciones.
Más de 110 listas de ANV, de las 245 con las que quiso concurrir a las elecciones municipales del 27 de mayo del 2007, no fueron anuladas por el Supremo por no existir en ese momento indicios bastantes de su vinculación a ETA. Fue con las plataformas que pasaron el filtro de la Ley de Partidos con las que la formación obtuvo 337 concejales en el País Vasco y 93 en Navarra. Sin embargo, en septiembre del 2008, el alto tribunal declaró ya probado que el partido se había convertido en un instrumento de la banda terrorista y decretó su ilegalización.
Hacer una modificación legal es la única forma de desalojar a los alcaldes y concejales del partido proscrito según la Abogacía del Estado, ya que la simple ilegalización de la formación no les afecta porque los elegidos en las urnas lo son a título personal. Según los servicios jurídicos del Estado, tampoco les es de aplicación en este momento a los 42 ayuntamientos la causa de disolución ya prevista en la ley para las corporaciones que apoyan al terrorismo o a quienes lo ensalzan, porque no hay pruebas de actuaciones «graves y reiteradas», que son las que exige la norma.?El último canal para echar a ANV era por medio de mociones de censura porque los pequeños partidos nacionalistas, y en ocasiones el PNV se negaron a apoyar esta medida.