Las denuncias anónimas, en buena parte venganzas políticas, y el trabajo incansable de la Justicia, han conducido a la detención e imputación de la cúpula de Unió Mallorquina (UM) por numerosos casos judiciales, abriendo así la crisis política más grave de la democracia en las Islas Baleares.
La caja de los truenos la destapó ayer el presidente autonómico, Francesc Antich, que, tras la invitación y el firme apoyo de Ferraz, se acostó anoche con dos ideas: tolerancia cero ante la corrupción y echar a los tres consejeros de UM de su Gobierno.
Aunque el cuarto presidente de UM en esta legislatura, Josep Melià, intentó ayer parar el golpe, Antich, un político pausado en su toma de decisiones, echó mano sin doblegarse del «alea iacta est» («la suerte está echada»), que soltó Julio César cuando cruzó el río Rubicón y se rebeló contra la autoridad del Senado romano.
Bajo el principio de que «todo lo malo, puede empeorar», el pacto de centroizquierda de Baleares aguantó con destreza hasta el final en su primera edición (1999-2003), a pesar de la famosa y criticada ecotasa, pero esta vez, el barco no ha aguantado la desastrosa galerna de la corrupción, que ha inundado a la cúpula de UM y a numerosos socios.
El partido de centro nacionalista ha sido clave en esta y en pasadas legislaturas con sus tres diputados en un Parlamento de 59 representantes. UM ha sido la bisagra, la chica del baile con la que siempre quisieron bailar PSOE y PP.
La expulsión ayer de UM supera con generosidad otro de los momentos históricos de la joven democracia balear: cuando dimitió en 1995 el entonces presidente de las islas, Gabriel Cañellas (PP), tras ser condenado por el caso Túnel de Sóller.