Un juez de Zaragoza condenó ayer a las dos empresas encargadas de fletar al Ministerio de Defensa el Yak-42, el avión en el que murieron 62 militares españoles al estrellarse en Turquía en el 2003. Se trata de la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines y la contratista alemana Chapman Freeborn, además de la reaseguradora Busin Join Stock Insurance, que tendrán que indemnizar a las familias de los fallecidos con 6,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el siniestro, una cantidad menor a la fijada en la primera sentencia -que fue anulada-de 9,8 millones de euros.
El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, encargado de celebrar el juicio civil, inculpa a las compañías por despachar un avión que presentaba irregularidades, según fuentes judiciales que han tenido acceso a la sentencia. Tanto la empresa aérea ucraniana como la contratista alemana trabajaban para la agencia de la OTAN encargada de este tipo de alquileres, Namsa, a la que el Ministerio de Defensa pagó 149.000 euros por fletar el Yak-42 cuando en realidad el avión valía 38.500 euros.
Este es el segundo juicio civil que se celebra por el siniestro, ya que el primer proceso, que tuvo lugar en febrero del 2006, fue considerado nulo por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que anuló el 17 de octubre del 2007 las actuaciones realizadas en el juicio contra Chapman Freeborn, al considerar que no se emplazó correctamente a esta compañía, y ordenó repetir el proceso desde el momento en que fue declarada en rebeldía.
Error humano
Como ya ocurrió entonces, la resolución de ayer establece que el siniestro se debió a «un error humano» y a una actuación «algo temeraria» por parte de los miembros de la tripulación. A este hecho se le une, según los peritos, que el avión no cumplía con los requisitos mínimos de revisiones obligatorias y viajaba sin caja negra en funcionamiento, lo que impidió tener datos técnicos sobre las causas del accidente. Las familias esperaban la sentencia condenatoria y, sobre todo, que la Justicia les dé de nuevo la razón en cuanto a que se trató de «un vuelo ilegal que en ningún momento debió despegar», por ser un vuelo «civil y no militar», señaló Francisco Cardona, ex militar y padre de uno de los soldados fallecidos, que agradeció por ello la condena a las empresas.
Cardona afirmó que la sentencia publicada ayer es «la esperada», pero que la recurrirán por «ridícula». También las compañías condenadas anunciaron que recurrirán el fallo, lo que según Cardona se debe a que «quieren dilatar en el tiempo todo el proceso», por lo que señaló que «probablemente, y en el plazo reglamentario, presentaremos recurso, y haremos que cada uno esté en su sitio».
Asimismo, la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 se plantea presentar un recurso contra la sentencia, según anunció Ángel Sencianes, presidente de esta asociación, que agrupa a la mayoría de las familias de las 62 víctimas mortales del accidente. Tras afirmar que las indemnizaciones no eran «el objetivo principal» de su demanda, Sencianes reconoció que la sentencia establece unas cantidades «muy alejadas» de las que habían pedido, y que rondaban los 63 millones de euros.
Ya estaban condenados
En este sentido, el responsable del colectivo manifestó: «No sentimos que las indemnizaciones resten valor a la vida» de los familiares fallecidos, y recalcó que el fallo del juzgado de Zaragoza condena a quienes «ya estaban condenados». Además, consideró que la sentencia «ha dejado claro» que las quejas de los militares estaban fundadas y demuestra las irregularidades en la contratación del avión.
El próximo miércoles, el Tribunal Supremo revisará los recursos de las partes sobre la condena que la Audiencia Nacional impuso a los tres oficiales que falsearon las filiaciones de treinta de los 62 militares que resultaron muertos. A uno de ellos, el general Vicente Navarro, el tribunal lo condenó con tres años de cárcel.