La condena es de tres años de prisión para un general y de 18 meses para dos de sus subordinados
18 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El proceso judicial por los errores en las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 llegó ayer a su fin. El máximo responsable de aquellas filiaciones, el general médico Vicente Navarro, ingresará en prisión para cumplir una condena de tres años de cárcel por falsear de forma consciente las identidades de las víctimas. El Tribunal Supremo confirmó además los 18 meses de prisión para sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, en calidad de cómplices de su superior.
Las penas de prisión para el general Navarro, ya retirado, y los dos oficiales conllevan su expulsión inmediata de la carrera militar, el peor castigo para un profesional de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Gobierno tiene intención de retirar las condecoraciones recibidas por el general a lo largo de su vida castrense, según anunció el presidente del Gobierno si el fallo era ratificado por el alto tribunal.
No a la absolución
Los tres mandos reclamaban al Supremo su absolución, mientras que la asociación que representa a la mayoría de los familiares pedía que se elevasen las penas de prisión. El general Navarro defendía que no cometió delito de falsedad porque los certificados médicos de defunción eran «inocuos e intrascendentes», mientras que sus subalternos alegaron obediencia debida a su superior, esto es, que se limitaron a cumplir órdenes.
Pero los cinco magistrados de la Sala de lo Penal desestimaron ayer sus recursos y confirmaron en su integridad la sentencia hecha pública en mayo del 2009 por la Audiencia Nacional, que impone también dos años de inhabilitación y tres meses de multa para los forenses. La decisión fue unánime.
El proceso judicial por las identificaciones del Yak-42 ha durado siete años hasta llegar al Tribunal Supremo. En noviembre del 2007, la causa estuvo a punto de irse al traste cuando el entonces juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, decidió archivarla al no encontrar indicios de delito. Sin embargo, en abril del 2008 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió al juez, ordenó reabrir el proceso y celebrar juicio oral, lo que precipitó un año después las condenas.
Sin errores
Esta «tortuosa» causa, según los familiares de los fallecidos, ha quebrado «muchos» nervios, pero el fallo del Tribunal Supremo satisface sus pretensiones y es un «muy buen final». Para el presidente de la asociación de víctimas, Miguel Ángel Sencianes, hay una cosa clara: el general Navarro «no tuvo errores, sino que decidió no identificar» y que esa decisión se sabía desde Madrid cuando llegaron los cadáveres, «antes incluso de celebrarse el funeral de Estado».
Para los familiares, «hoy más que nunca», Federico Trillo, como máximo responsable del Ministerio de Defensa el fatídico 26 de mayo del 2003, «debería recapacitar», mientras que el PSOE conminó al ex ministro a «dar un paso al frente» y abandonar su cargo como portavoz de Justicia del PP. Desde su partido, sin embargo, no piensan lo mismo y aseguraron que esas responsabilidades políticas fueron asumidas en su momento.
Tras conocer la primera sentencia condenatoria, Federico Trillo declaró que no la compartía y que creía que los militares actuaron de «buena fe». Hoy, jueves, la Audiencia Nacional debate si imputa al ex ministro de Defensa por el proceso abierto sobre la contratación del Yak-42.