Un numeroso grupo de magistrados amenazan con nuevas huelgas en contra de la politización de la Justicia
22 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Rey abrió ayer un año judicial que se presume conflictivo. Y la mejor muestra la dio el propio presidente del órgano de gobierno de la judicatura, Carlos Dívar, quien en su discurso no tuvo reparo alguno en lanzar sendas cargas de profundidad contra el Gobierno, representado en el acto por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo advirtió contra la intención del Ejecutivo de generalizar los consejos de justicia autonómicos para atender las exigencias de la Generalitat catalana y puso reparos a las modificaciones que Caamaño pretende introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la de trasladar a la Fiscalía la instrucción de las causas en detrimento de los jueces, que quedarían como garantía de la legalidad del procedimiento.
En su discurso, Dívar defendió la independencia de los jueces y recordó que la Constitución los coloca al mismo nivel que el resto de los poderes. Por ello, alertó contra las críticas desmedidas, «desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas», que cuestionan «la legitimidad democrática» de los tribunales, en aparente alusión a las acusaciones de politización a raíz de las causas contra Baltasar Garzón y casos de corrupción como el Gürtel.
En este contexto, recordó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, en la que se establece que el Consejo del Poder Judicial es «el único órgano de gobierno de los jueces y magistrados». Dívar hacía así de punta de lanza de la campaña de los jueces contra la intención del Gobierno de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para generalizar los consejos de justicia autonómicos sorteando así la anulación por parte del Constitucional de la creación en Cataluña de un consejo de justicia prevista en su estatuto de autonomía.
Cerca de un centenar de jueces, impulsores en marzo del Manifiesto para la Despolitización de la Justicia que suscribieron en su día 1.500 jueces y magistrados, lanzaron ayer «un llamamiento de alerta ciudadana» en el que insisten en la denuncia de la politización de la justicia y advierten contra la «creación de consejos de gobierno autonómicos, que bajo la apariencia de descentralización solo pretenden prolongar a nivel autonómico el control de la justicia que actualmente ostenta el poder político central».
Bajo control del Gobierno
Y si Dívar advirtió al ministro Caamaño de que la sustitución del juez por el fiscal en la instrucción de las causas, «de llevarse a cabo habrá de ser abordad con suma prudencia», los impulsores del manifiesto denuncian que ese cambio procesal «permitirá al Gobierno, a través de un órgano en el que rige el principio de jerarquía, decidir si se abren o no procedimientos penales, especialmente sangrante en los supuestos de corrupción política».
Opinan que «estas reformas pretenden un asalto a la independencia del poder judicial sin parangón», que solo beneficiaría a los partidos y «perjudicaría manifiestamente la persecución de la corrupción política». Los jueces anuncian su intención de «realizar fuertes movilizaciones, sin descartar nuevas huelgas», para defender la independencia judicial.