Los Defensores Pueblo aúnan criterios para paliar los efectos de la crisis

EFE

ESPAÑA

«El impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de la personas» es el tema central de unas jornadas.

27 sep 2010 . Actualizado a las 15:19 h.

Los Defensores del Pueblo aúnan criterios para paliar, dentro de sus competencias, los efectos que la crisis provoca en los ciudadanos y buscar soluciones comunes y efectivas para ayudar a la sociedad, ha dicho hoy en Logroño la Defensora del Pueblo español en funciones, María Luisa Cava de Llano y Carió.

«El impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de la personas» es el tema central de las XXV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que ha inaugurado hoy el jefe del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso.

Cava de Llano ha señalado que lo que más preocupa actualmente a la sociedad española es la crisis económica y las Defensorías del Pueblo «no pueden quedarse de brazos cruzados» ante situaciones como las que sufren «muchas familias en las que no entra ni un euro al mes y personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas».

«Tenemos ilusión en cooperar en paliar los efectos de la crisis.

No tenemos en nuestras manos la política económica de la nación española, pero tenemos el control de las administraciones públicas», ha subrayado.

Ha insistido en la tarea de los Defensorías de «vigilar, desde nuestras posibilidades y competencias, adónde van los euros que la administración gasta y mirar a ver si se efectúa de la forma correcta y en la forma en la que más ayude a las personas que están en crisis»; además de que «mirar que las administraciones actúen sin conculcar ningún tipo de derecho a los ciudadanos».

Sanz Alonso ha resaltado que «la figura del Defensor del Pueblo es y será una gran ayuda y un aliciente más para mantener nuestro firme compromiso por hacer un poco mejor nuestro trabajo, que no es otro que servir a los ciudadanos»; además de que es «una garantía para amparar y proteger los derechos de los ciudadanos».

Ha afirmado que las administraciones públicas tienen la obligación, «institucional y moral», de aportar confianza y seguridad a los ciudadanos y, sobre todo, a «los que sufren la adversidad con más dureza», por lo que hay que «emplearse a fondo por mejorar, por ser más eficaces, por prestar servicios de mayor calidad y por atender las necesidades básicas de los ciudadanos».

Al encuentro asisten, junto a Cava de Llano y Carió, los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Canarias, País Vasco, Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia y La Rioja.