La Intervención de la Junta de Andalucía advirtió de las irregularidades en el 2005
10 mar 2011 . Actualizado a las 13:47 h.El PP exigió la dimisión del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, porque un informe de la Intervención demuestra que ambos sabían desde el año 2005 de «la trama corrupta de los ERE, y no hicieron nada». Así se expresó el dirigente popular Esteban González Pons, quien pidió «formalmente, y en nombre del partido», la dimisión de ambos tras conocerse las conclusiones de la Intervención General de la Junta, que advertían irregularidades ya en el 2005 y que fueron enviadas a la Consejería de Empleo, entonces dirigida por el actual presidente autonómico.
González Pons aseguró que Griñán llegó a presidente de la Junta «ocultando» lo que estaba ocurriendo «con las jubilaciones podridas» y que «lo mismo se puede decir de Chaves, ya que si lo sabía Griñán, también lo sabía el entonces presidente».
En este sentido, lamentó que el informe no llegó al Parlamento andaluz como el partido había solicitado sino que fue filtrado a un medio de comunicación, que publicó las cinco conclusiones de la Intervención Delegada de Hacienda de Andalucía, y que el PP da por buenas. Según estos datos, en el 2005 se tramitaron 144 expedientes relativos al caso de los ERE que dieron lugar a un coste no presupuestado de más de 38 millones de euros. González Pons añadió que de los 144 expedientes, la Intervención solo examinó 20, que confirmaron que se había prescindido totalmente del procedimiento administrativo, lo que condujo a pensar que el resto, hasta 144, tenían las mismas anomalías. El dirigente popular avanzó que el PP redactará de nuevo el expediente completo que piensa llevar a la Fiscalía Anticorrupción.
Comisión de investigación
González Pons insistió en la necesidad de que se abra una comisión de investigación en el Parlamento andaluz y en el Ayuntamiento de Sevilla, y entiende que el compromiso de Zapatero con el parlamentarismo debe conllevar su aceptación.
Poco antes, esta tensión política se había vivido en la sesión de control parlamentario al Gobierno, donde Chaves replicó a los diputados populares que considera intolerable que reclamen su dimisión y que pretendan dar a la Cámara «lecciones de honorabilidad» cuando llevan en sus listas a un imputado por cohecho, el presidente valenciano, Francisco Camps.
El vicepresidente salió así al paso del ataque coordinado del PP, que por tres veces en la sesión y por cuarta, en la rueda de prensa posterior que dio González Pons, reclamó formalmente su dimisión y la de su sucesor, Griñán, por considerar que «conocieron y taparon» durante años el fraude de los ERE.
Chaves volvió a negar cualquier conocimiento del uso fraudulento de los fondos públicos destinados a estos ERE y también que se haya detectado «un fraude generalizado», ya que de los 25.000 trabajadores beneficiados solo se han detectado 70 casos irregulares. De igual modo, recordó que fue la propia Junta la que trasladó los hechos delictivos a la Fiscalía.