Califica el escándalo de tsunami que acabará con Chaves y con Griñán
14 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Partido Popular presentará en los próximos días una querella contra la Junta de Andalucía por la comisión de hasta seis delitos en el fraude de los ERE pagados con dinero público, caso que el partido opositor define como un «fraude monumental». La querella se unirá a la investigación que sobre este asunto dirige desde hace semanas la titular del Juzgado número 6 de Sevilla.
El caso estudia la existencia de irregularidades y delitos en la tramitación de prejubilaciones y despidos indemnizados que afectaron a unos 5.500 trabajadores. Con el 95% de los expedientes revisados, hay constancia de irregularidades en 146, un 2,7% del total.
El PP reclamará a la jueza la imputación de los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; del ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, del intermediario en los expedientes Juan Lanzas, así como de otros intermediarios y de empresas implicadas por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, y fraude en subvenciones. No obstante, también pedirá en la demanda y estará vigilante para que se dirijan actuaciones contra los demás «responsables políticos» contra los que puedan derivarse indicios directos de delito con el avance de las indagaciones.
«Alcanza a toda la Junta»
Esteban González Pons, el portavoz nacional del PP, y Antonio Sanz, el secretario general de Andalucía, indicaron que «la magnitud del escándalo alcanza a toda la Junta», pero apuntaron como posibles implicados futuros en las diligencias judiciales al menos a los tres ex consejeros de Empleo durante los años del fraude, entre los que estaría el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán.
González Pons afirmó que, según demuestra la documentación que entregarán a la jueza, Griñán, en su puesto de consejero, «conocía lo que estaba pasando, que se estaba saqueando y robando a manos llenas el dinero de los parados». No obstante, según este mismo dirigente popular, el actual presidente andaluz «lo supo, lo tapó y siguió permitiendo que existieran expedientes de regulación de empleo para amiguetes».
Solo el principio
El portavoz de la dirección nacional popular también extiende las posibles responsabilidades futuras al entonces presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, quien, según su opinión, «debió de conocer lo que estaba ocurriendo».
La dirección popular ya ha pedido de forma reiterada, en las Cortes y en el Parlamento andaluz, la dimisión de Griñán y Chaves por estos hechos. González Pons, sin embargo, vaticinó ayer que, «tal como están las cosas, y conforme avanza la investigación, lo más seguro es que, a no mucho tardar, tengan que dimitir, pero no porque lo diga el PP, sino por como avanza la investigación».
Antonio Sanz aseguró que estamos «ante un auténtico tsunami político que se va a llevar por delante a altos dirigentes del PSOE y de la Junta de Andalucía», y avisó de que el caso de los ERE es solo el principio. «El PP quiere llegar hasta el final e investigar todas las competencias de la Consejería de Empleo que están manchadas de corrupción», señaló, para sentenciar que «estamos ante una auténtica tela de araña de la corrupción socialista».