Propone que se acumulen las causas de los trajes y de los pagos al partido
02 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que se haga cargo de la investigación de la supuesta trama de financiación irregular del PP valenciano relacionada con la red Gürtel y que la una a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico y en la que figura como imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El documento con las alegaciones a la inhibición planteada por el Tribunal Superior de Justicia madrileño provocó ayer un malentendido durante varias horas, ya que en él no aparecía el nombre de Camps, lo que dio pie al Gobierno valenciano a felicitarse por la exclusión del presidente en el sumario de la financiación irregular. Poco después, el ministerio público, sin embargo, desmintió que Camps hubiese sido exonerado.
En su escrito, Anticorrupción reclama que sea el tribunal valenciano el que investigue de forma conjunta la llamada causa de los trajes y la de la financiación. También explica los supuestos delitos cometidos: delitos electorales (en los comicios del 2007 y del 2008), delito contra la hacienda pública, delito contra la Administración pública, delito de falsedad en documento mercantil, y cohecho propio, todos castigados con penas de cárcel y de inhabilitación para cargo público.
Cargos destacados
En el documento figuran algunos de los más destacados nombres del PP de la comunidad valenciana: el vicepresidente primero del Consejo, Vicente Rambla; el ex secretario general y ex portavoz Ricardo Costa; el responsable de organización del PPCV, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. Los cuatro, según la Fiscalía, son aforados y habrían podido participar del delito electoral. Respecto a los delitos electorales del 2007 y del 2008, Anticorrupción señala que se habrían cometido «con motivo del pago de los servicios prestados por la empresa Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel, al PPCV durante la campaña electoral» celebrada en mayo de ese año. El pago se hizo supuestamente, por «personas distintas al verdadero deudor» y por el PPCV «con fondos opacos por un importe de 2.565.891,01 euros». Estos abonos «no habrían sido reflejados en las cuentas formuladas por el PPCV, ocasionando así la disminución de las partidas contables sancionada» por la Ley Electoral.
En el escrito aparece además un quinto cargo aforado: la ex consejera de Turismo y presidenta de las Cortes durante la legislatura que acaba de concluir, Milagrosa Martínez, que figura en el apartado dedicado al delito contra la Administración pública, y que, según el ministerio público, debería ser investigada al haber sido la responsable del departamento que firmó los expedientes en los que se detectan irregularidades en adjudicaciones a Orange Market en Fitur, del 2005 al 2009.
El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna, aseguró que el escrito «demuestra» que el PP «se ha financiado ilegalmente» y ha desviado dinero público «a pagar sus carísimas campañas electorales de propaganda y manipulación». «Ya sabemos que no son tres trajes. La campaña que llevó a Camps a la presidencia se cimentó sobre un grave delito y el mayor fraude electoral de nuestra historia democrática», aseguró Luna.