Le retira la libertad que le concedió para cuidar a su madre por existir un gran riesgo de fuga tras su nueva condena
20 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Rafael Díez Usabiaga ingresó ayer en el penal madrileño de Soto del Real, horas después de que la Audiencia Nacional ordenara su vuelta a la cárcel para cumplir los diez años de prisión a los que fue condenado el pasado viernes por el caso Bateragune, la misma pena impuesta a Arnaldo Otegi.
El tribunal retiró al ex secretario general de LAB el permiso para cuidar de su madre que le concedió en abril del 2010 por entender que una condena de pertenencia a banda armada en «grado de dirigente» es un castigo suficientemente grave como para mantenerlo en libertad preventiva y, sobre todo, porque considera que, tras la sentencia, existe un «gran riesgo de fuga».
Los jueces Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, que ayer celebraron una vista para decidir la suerte penitenciaria del condenado, hicieron suyos los argumentos de la Fiscalía y de la acusación Voces contra el Terrorismo, que solicitaron el ingreso en prisión. Los magistrados ignoraron las alegaciones de Usabiaga, que insistió en que siempre ha respondido a sus citas con la Justicia y que de haber querido huir lo podía haber hecho mucho antes.
En su resolución, los jueces explican que «la gravedad de los hechos perpetrados, la elevada penalidad que se ha impuesto al acusado y la variación de la concepción sobre su conducta que se ha producido tras la condena [...] conllevan un gran riesgo de fuga y de reiteración delictiva». El tribunal, aunque reconoce que el exlíder de LAB «goza de arraigo personal y familiar», argumenta que el condenado «ha demostrado su capacidad de relación con personas y organizaciones que pudieran facilitar que aprovechara para no quedar sometido a la acción de los órganos judiciales [sic]».
Eso sí, el encarcelamiento preventivo tendrá un límite temporal de cinco años. Como Díez Usabiaga va a recurrir su condena ante el Supremo, la Audiencia Nacional ordena su vuelta a prisión «hasta el límite de la mitad de la pena de diez años», puesto que si transcurrido ese tiempo el alto tribunal no hubiera resuelto el recurso, el reo quedaría en libertad.