La Junta recurre el auto que coloca a Griñán en el eje del caso de los ERE
ESPAÑA
La oposición advierte que la Generalitat valenciana persiste en las prácticas de adjudicaciones de contratos públicos que manejaba la trama Gürtel
19 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La corrupción ha sobrevolado la campaña electoral hasta hoy mismo, el día de reflexión, y ello a pesar de que tanto Rajoy como Rubalcaba han evitado el asunto, como conscientes de que a ninguno favorecía ahondar en los «problemillas» del otro. La Junta andaluza, acuciada por la trama de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, llegó a las vísperas del 20-N promoviendo un recurso contra el último auto de la jueza que investiga el caso en cuanto que coloca al presidente autonómico, José Antonio Griñán, en el centro de la red corrupta como responsable de la autorización definitiva que debía firmar el entonces consejero de Economía, según el escrito judicial.
El Gobierno regional rechaza tajantemente que fuese así -tampoco lo hizo, insiste, su sucesora en el departamento, Carmen Martínez Aguayo-. En el recurso, detalla Efe, el letrado de la Junta sostiene que la petición que realiza la jueza «es imposible porque, sencillamente, la norma que regula el régimen de aprobación de las inversiones en el seno de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en ningún caso exige la autorización del titular de la consejería», lo que contradice la argumentación del auto judicial, que los socialistas reprueban que ha sido redactado por la instructora Mercedes Alaya siguiendo el relato de las acusaciones vertidas por el PP y sin comprobar que estas eran del todo infundadas.
En ese sentido, solo recurre la parte del auto en la que la responsable del Juzgado de Instrucción 6 acordó que IDEA le remita la autorización del consejero previa a la aprobación por el Gobierno de las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones de euros en relación a 21 empresas. Alaya incluyó dicha petición dentro de su investigación sobre «la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década, ya por la total carencia de procedimiento, ya por la concesión a determinadas personas».
«Hubiera bastado la mera lectura del Decreto 26/2007 y de la Ley General de Hacienda Pública -expone el recurso- para comprobar que no cabe una diligencia sobre un hecho que, referido a un trámite administrativo, no prevén dichas normas», argumenta el letrado de la Junta, que anota que, como del contenido del auto se desprende que lo que se investigan son las ayudas pagadas por IDEA a las 21 empresas que cita, «es evidente que los pagos no requieren, porque no lo prevé la norma, la autorización del titular de la Consejería de Economía».
Al estilo de Camps
Ya en Valencia, la oposición autonómica denuncia que tras la marcha de Francisco Camps las cosas no han cambiado en la Generalitat, que con Alberto Fabra sigue fiel al estilo de su predecesor. El portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, asegura que el Gobierno regional mantiene unas prácticas en adjudicaciones de contratos públicos similares a las investigadas en la trama corrupta Gürtel.
Por poner un ejemplo, Morera recrimina que el departamento de Infraestructuras licitó por importe de 436.128 euros una consultoría «de autorizaciones, sanciones y regularizaciones de instalaciones aeroportuarias» bajo el requisito de «tener la oficina a 500 metros» de la sede de la consejería. «Jamás se había visto una condición tan surrealista», ironiza.
Compromís asegura que detectó estas «irregularidades que siguen el mismo patrón que la trama mafiosa orquestada por Álvaro Pérez, el Bigotes, recientemente, en el mismo día en que tres altos cargos de la Generalitat fueron imputados» por el Gürtel: la directora general de Promoción Institucional de Presidencia, Dora Ibars; el jefe de área de la Agencia de Turismo, Isaac Vidal; y el jefe del servicio de Promoción de la misma agencia autonómica, Jorge Guarro.