El PSOE acusa a los populares de ceder al chantaje de los jueces conservadores.
26 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno y el PP se disponen a entregar el control del Consejo General del Poder Judicial a los jueces y magistrados, pero tendrán que aprobar la reforma legal con el rechazo frontal del resto de las fuerzas parlamentarias a excepción de Unión Progreso y Democracia. El ministro de Justicia tuvo que escuchar y responder a una avalancha de críticas de la oposición, que considera un error que sean los miembros de la carrera quienes elijan a doce de los veinte vocales del Consejo, tarea que desde 1986 realizaba el Parlamento de entre una lista de 36 candidatos que votaban los jueces.
El portavoz socialista, Julio Villarrubia, advirtió a Alberto Ruiz-Gallardón de que ha roto «todos los consensos» sobre el sistema judicial por su afán de gobernar «de forma unilateral». Denunció además que el nuevo ministro ha entrado en el Congreso «como elefante en cacharrería», y si persiste en esa actitud «nos tendrá enfrente».
Negó que el cambio que prepara el ministro busque poner a salvo al Poder Judicial de la lucha partidista porque la realidad es, a su juicio, una «cesión a un chantaje gremial intolerable» de las asociaciones de jueces conservadoras, a través de las cuales el PP pretende controlar el órgano de gobierno de la judicatura.
Gaspar Llamazares, de IU, al igual que el PNV, sospecha que el cambio puede ser incluso inconstitucional. CiU y el Grupo Mixto rechazaron también la reforma y coincidieron en que el problema está en la incapacidad de los grandes partidos para acordar los nombramientos. La única que vio elementos positivos fue la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien saludó el cambio legal porque considera que la fórmula actual no respeta la división de poderes.