La jueza imputa a un director general de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE
ESPAÑA
Mercedes Alaya implica también a su antecesor, así como a varios consultores, abogados, empresarios y sindicalistas
28 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Los últimos movimientos de la jueza que investiga el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero público en Andalucía -Mercedes Alaya- desmienten las tesis defendidas por la Junta y que apuntaban a que las responsabilidades se agotaban en el que fue director general de Trabajo de la Consejería de Empleo entre septiembre de 1999 y abril del 2008. Francisco Javier Guerrero -que saltó a la primera plana tras asegurar que el Gobierno regional tenía un «fondo de reptiles» que utilizaba para subvencionar prejubilaciones y despidos en empresas, y a quien su chófer acusó de usar ese dinero para comprar cocaína regularmente- sigue siendo el principal imputado en la causa, pero ya no está solo. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitió ayer un auto en el que imputa al actual director general de Empleo, Daniel Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, por lo que ya están implicados los tres últimos responsables del departamento, lo que abarca más de doce años de gestión autonómica -también la de Chaves- y pone en solfa la legitimidad del ente público regional Innovación y Desarrollo de Andalucía -IDEA, antiguo IFA (Instituto de Fomento de Andalucía)-, agencia a través de la que se financiaban de forma fraudulenta ERE y subvenciones en las empresas, y se desviaba dinero para otros fines espurios. La agencia movió un presupuesto de más de 4.300 millones entre el 2001 y el 2010.
Decisiones no unipersonales
El fundamento de este nuevo paso judicial que cerca a la Junta se halla en el testimonio que realizó el pasado jueves Guerrero -que declarará como imputado ante Alaya el próximo 23 de febrero- ante la Guardia Civil. El ex director general aseguró que sus decisiones no se tomaban de manera unipersonal, sino que eran «compartidas» con los consejeros de Trabajo.
El auto, al que tuvo acceso Efe, implica además a varios responsables de consultoras externas, abogados, empresarios y sindicalistas, es decir, a una veintena de personas. Pero lo especialmente relevante es lo que atañe a Daniel Rivera, primer alto cargo en activo imputado y que mete de lleno al Ejecutivo autónomo que encabeza el socialista José Antonio Griñán -ya permanentemente señalado- en el caso, y a menos de dos meses de unas elecciones andaluzas (convocadas para el 25 de marzo) que amenazan con poner fin al histórico feudo del PSOE, que ha gobernado esta comunidad sin interrupción desde el mismo inicio de la democracia.
Alaya imputa a Rivera porque entiende que en septiembre del 2010 ordenó pagos a favor de extrabajadores de un laboratorio fotográfico -Surcolor- y dos de los beneficiarios ni siquiera trabajaban en la empresa. En cuanto a Márquez, sostiene en el auto la instructora que autorizó que se incluyese también a personas ajenas en los ERE de las firmas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox. Uno de los favorecidos con los pagos a esta última es además el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en la provincia de Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, que por supuesto nunca figuró como asalariado o trabajador en la nómina de la citada compañía.
El auto imputa además a responsables de las consultoras Vitalia y Uniter, que tramitaron los ERE y recibieron por ello comisiones del 25 %. También imputa a los despachos de abogados que colaboraron en la tramitación Garrigues y Villasís, dos dirigentes de CC.OO. y los responsables de las empresas Calderinox, Surcolor, Acyco, Aglomerados Morell y Río Grande.