El Gobierno quiere dar la vuelta a la sentencia del Constitucional para ilegalizar Sortu y Bildu
ESPAÑA
Ambas coaliciones radicales critican la detención de dos etarras en Francia
27 jun 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno quiere aprovechar la sentencia del Constitucional que legalizó Sortu para ilegalizar las dos marcas electorales de la izquierda abertzale Bildu y Amaiur. Así lo adelantaron ayer miembros del Ejecutivo y del PP, que por medio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtieron de que el «contador ha comenzado a avanzar» para acreditar que la formación que gobierna la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, por un lado, y la que tiene siete diputados en el Congreso, por otro, han vulnerado los límites de la ley de partidos.
La subvención concedida por el consistorio para rodar un documental sobre presos de ETA suministró munición al Gobierno para plantear un posible proceso de ilegalización. Apenas 24 horas más tarde la amenaza se extendió a Amaiur, después de que su portavoz en la Cámara baja, Mikel Errekondo, condenara la detención en la madrugada de ayer en Albi (Francia) de dos etarras, operación, dijo, que va «en la dirección contraria» a la solución de los problemas políticos en el País Vasco.
Para actuar contra ambas formaciones, el Gobierno recurre al fundamento jurídico número 15 de la sentencia del Constitucional. Este apartado señala como motivo de ilegalización «el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran». Un requisito del que el Ejecutivo ha tomado nota y que estudia si puede aplicarse contra Bildu y Amaiur.
Fernández Díaz fue explícito al denunciar que siempre que se produce el arresto de etarras ambas coaliciones «se ponen del lado de los asesinos» en vez de en el de las víctimas.
Lejos de darse por aludidos, en Amaiur rechazaron estos avisos porque no son más que una cortina de humo para distraer la atención de los recortes económicos. «Son mentiras, sobre mentiras», criticó Errekondo, que juzgó «totalmente ridículo y absurdo» que Interior vea indicios en la subvención a un documental sobre presos de ETA.
La presentación o no de un recurso ante el Supremo depende ahora de la evaluación de la Abogacía del Estado, que debe dictaminar si Bildu y Amaiur han vulnerado la ley de partidos. «Todos tenemos que ser conscientes de cuál es el contenido, en todas sus partes, de la sentencia dictada por el Constitucional», ahondó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El Gobierno vasco pidió ayer «mucha prudencia» y añadió que los jueces «saben muy bien» lo que tienen que hacer y qué jurisprudencia aplicar, aunque tanto el PSOE como el PNV reprobaron la crítica de Amaiur a las detenciones de Francia.
En una reunión con Rajoy, el líder peneuvista, Íñigo Urkullu, le pidió que siga «dando pedales» y «pasos» para «asentar la verdadera paz en Euskadi», para lo que le ha ofrecido apoyo «leal y discreto» de su partido.