El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia investiga un posible delito relacionado con los pagos que recibió por parte del Ejecutivo de Eduardo Zaplana
08 jul 2012 . Actualizado a las 16:39 h.El cantante Julio Iglesias declarará en calidad de testigo el próximo martes en los juzgados de Valencia en relación con el caso IVEX, que investiga un posible delito relacionado con los pagos que recibió por parte del Ejecutivo de Eduardo Zaplana por su labor de promoción exterior de la región.
Iglesias actúa este domingo en el Palau de les Arts, a escasos metros de la Ciudad de la Justicia donde deberá prestar declaración, motivo por el cual el juzgado que dirige la investigación pidió a la Policía que aprovechase la ocasión para citar al cantante.
Según fuentes cercanas al cantante, el pasado viernes todavía no no había recibido dicha citación, si bien es posible que se le entregue durante los ensayos previos a la actuación.
Estas mismas fuentes han apuntado que Julio Iglesias ya declaró por exhorto en Punta Cana (República Dominicana), pero que el contenido de esa declaración no ha llegado al juez que instruye el caso y que por ese motivo se le cita de nuevo.
También indicaron que Iglesias no había ampliado la reserva de hotel, prevista para sábado y domingo, aunque es posible que elija otro alojamiento o que incluso pueda abandonar la ciudad para regresar el martes en su avión privado.
El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia investiga una supuesta malversación de fondos en los pagos del IVEX al cantante, quien en diciembre de 1997 fue contratado como embajador cultural de la Comunidad Valenciana y para promocionar sus productos en el extranjero.
El PSPV-PSOE presentó en mayo del 2004 ante el Tribunal Supremo una querella contra diecinueve consejeros del IVEX por un delito de presunta malversación de fondos relacionado con pagos al citado cantante durante los años 1997, 1998 y 1999, los de la ejecución del contrato.
El Supremo acordó que no era competente para conocer esa querella, en la que se reclamó el esclarecimiento de las cuentas del erario público durante los tres ejercicios en los que se contrató y se ejecutó por parte del IVEX al cantante como embajador comercial de la Comunitat Valenciana.
Según la denuncia, el contrato que se hizo público establecía el pago al artista de 2,2 millones de euros, pero hubo otra «carta de intenciones» o «contrato B», que presuntamente se ocultó al Parlamento autonómico, que elevaba esa cantidad a 5,9 millones y además la declaraba libre de impuestos.
La Audiencia de Valencia reabrió el archivo de la causa hace un año y ordenó al juez que citara a declarar al artista y otras personas