Los acuerdos habrían servido para «la cesión de areonaves a su filial de bajo coste Iberia Express», según la SEPLA
11 oct 2012 . Actualizado a las 22:10 h.Tres magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional están llamados a resolver el, por ahora, último capítulo en el conflicto laboral entre la compañía Iberia y sus pilotos. Hoy se celebró la vista sobre la impugnación del laudo arbitral con el que se quiso poner fin al problema que se arrastraba desde la creación de Iberia Express y que provocó huelgas intermitentes de los pilotos entre diciembre de 2011 y marzo de 2012. El Gobierno impuso un arbitraje obligatorio al considerar que el enfrentamiento estaba lesionando intereses nacionales y el árbitro dictó un laudo en el que reconocía la validez de Iberia Express pero imponía, entre otras medidas, un escalafón único de pilotos para Iberia e Iberia Express.
Lo que parecía una vista judicial donde se expondrían argumentos ya conocidos de cada parte concluyó con una acusación no esperada. La de que Iberia había utilizado «contratos manipulados» para justificar la cesión de aeronaves a su filial de bajo coste Iberia Express. El abogado del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), Luis Enrique de la Villa, del despacho Roca Junyent, expuso que se había hecho una «utilización fraudulenta o abusiva de la personalidad jurídica del grupo» y que «la cesión de aeronaves se justifica mediante contratos manipulados todos ellos». La argumentación del representante del SEPLA se basó en que Iberia Express actúa con el «obsequio» realizado por Iberia «que se ha arrancado una parte de su actividad y se la ha dado a Iberia Express».
De la Villa expuso que se está «descapitalizando poco a poco una compañía para fortalecer a otra causando perjuicio a los pilotos». Como la compañía aérea adujo que la filial paga por las aeronaves cedidas, el abogado del SEPLA puso dos ejemplos de contratos de arrendamiento donde la aeronave arrendada propiedad de Iberia aparece con hasta tres matrículas distintas -que es como el DNI del avión- en los papeles y aseguró que estas irregularidades se repetían en todos los contratos. «¿En qué contrato serio la aeronave se designa de tres maneras distintas?» se preguntó el letrado, lo que le llevó a concluir que «no son contratos fidedignos». Fuentes de la aerolínea se limitaron a señalar que cada avión tiene su contrato de arrendamiento y que se incorporan a la flota en un determinado momento.
Luis Enrique de la Villa incidió en que Iberia tiene el 100% de Iberia Express, que Iberia cedió aeronaves gratis a su participada «durante tiempo variable sin contrato ni precio», y que cuando se introdujo el pago de un arrendamiento «sólo consta como un apunte contable interno sin transferencia bancaria». También le traspasó rutas y trabajadores de la propia Iberia realizaron servicios de mantenimiento y handling a la participada, según la exposición del letrado. Por todo ello, concluyó que «es incierto que Iberia Express sea independiente sino que es una sociedad dominada» que forma parte del mismo grupo y del mismo holding (IAG).
El laudo, «ilegal y procedimiento viciado»
La aerolínea, que ha impugnado el laudo, defendió que el árbitro designado por el Gobierno, Jaime Montalvo, se «excedió en sus competencias y fue más allá de lo que se le reclamó». En concreto, el abogado del bufete Garrigues, Adriano Gómez, argumentó en representación de Iberia que Iberia Express ya estaba constituida cuando se realizó el arbitraje pero que el árbitro no la convocó nunca ni tuvo oportunidad de hacer alegaciones. Eso hubiera sido imprescindible, a su juicio, puesto que el laudo le impone «restricciones a la capacidad de actuar» al ponerle un «tope» en el número de aeronaves o al prohibirle realizar rutas de largo recorrido, lo que vulneraría, a juicio de la empresa, la normativa comunitaria. El abogado de Garrigues también expuso que se había producido un «cúmulo de despropósitos procesales», entre los que citó que nunca se levantó acta de las reuniones, no hubo reuniones simultáneas de ambas partes y en ningún momento el árbitro barajó con Iberia la posibilidad de imponer el escalafón único. La compañía acusa al laudo de ilegalidad y procedimiento viciado. Según Iberia, el arbitraje se impuso «exclusivamente» en referencia a Iberia y al Sepla, no a Iberia Express, que de hecho no fue citada. «¿Cómo es posible que se impacte en un tercero sin que sea oído?», señaló el abogado en sus conclusiones. Insistió en que Iberia Express es una sociedad mercantil independiente de Iberia, con un capital social de 15 millones de euros, con un domicilio social y un consejo de administración propios.
Sin embargo, para el abogado del SEPLA, un laudo sin implicar a Iberia Express «hubiera sido una ficción y la no resolución del conflicto».
De la Villa respondió al letrado de Iberia que el laudo no limita la actividad de la filial de bajo coste puesto que el objeto social de Iberia Express son precisamente los vuelos de corto y medio radio.
La parte más polémica del laudo es el escalafón único, que consiste en que todos los pilotos de nuevo ingreso a partir del laudo serán contratados por Iberia e integrados en el escalafón de pilotos de esta empresa pasando a prestar servicio en Iberia Express con los sueldos y condiciones de esta compañía. El letrado de la aerolínea resaltó que «es la primera vez que la confusión de plantillas se impone por el árbitro».
Por último, el fiscal coincidió en que Iberia Express forma parte de una estrategia de Iberia y que el árbitro buscó la solución que consideró mejor para resolver el conflicto preservando derechos de Iberia y de los pilotos, como se le había encomendado.
La sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.