El Ayuntamiento dice que el recinto cumplía los requisitos legales del 2001, pero el sindicato policial SUP insiste en denunciar que carecía de licencia
06 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Las medidas de seguridad del Madrid Arena siguieron ayer en el centro de la polémica. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) entregó en el juzgado las actas policiales que certifican que el pabellón carecía de licencia, al menos hasta el 2006, e insistió en que ese requisito era obligatorio. Por su parte, el Ayuntamiento aseguró que cumplía la normativa de seguridad vigente cuando se construyó, en el 2001. Según explicó la delegada de urbanismo, Paz González, al no haberse producido un cambio de licencia ni de uso no era necesario aplicar los criterios aprobados con posterioridad. Javier Alonso, autor del acta que levantó la policía en el 2006 advirtiendo de que carecía de licencia de funcionamiento, discrepó del consistorio y señaló que es «imprescindible». Nuevas revelaciones volvían a poner de manifiesto que el aforo era muy superior al que debería haberse permitido.
Más de 200 personas se agolpaban en el pasillo central de acceso a la pista cuando poco antes de las cuatro de la madrugada se produjo la avalancha humana en que murieron cuatro jóvenes y una quinta resultó herida muy grave. El cálculo policial de, al menos, dos de las cámaras de seguridad que grababan el vomitorio que desemboca frente al escenario apunta a una concentración superior a cinco personas por metro cuadrado en un pasillo de 13 metros de largo por tres de ancho -una superficie de 39 metros cuadrados-. Las cámaras, como adelantaron las primeras investigaciones, no muestran estampida alguna de personas, sino tres riadas humanas que confluyen en ese túnel: una que procede del exterior, otra de los graderíos, y una tercera, la de las personas que intentan salir de la congestionadísima pista. Según expertos policiales, para absorber todos esos flujos hubiera sido necesario un túnel con el doble de capacidad. En la pista, en esos instantes, las cámaras apuntan a una densidad cerca a las cuatro personas por metro cuadrado.
El juez que investiga el suceso, Ernesto López Palop, ordenó a la policía que mantenga precintado el recinto por si hay que hacer diligencias en el lugar de los hechos. De momento, no ha recibido denuncia ni notificación de personación en la causa.
La muerte de cuatro jóvenes en la macrofiesta también ha provocado un rifirrafe político. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, respaldó la gestión de coordinación e información de su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, mientras el presidente de la comunidad, Ignacio González, pedía «llegar hasta el final» y «depurar responsabilidades». El PSM, CC.OO. y UGT coincidieron en demandar «responsabilidades políticas».