Dice que «nos jugamos mucho más que un mero interés económico»
05 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Una apuesta decidida por lucha contra la corrupción y el crimen organizado fue la principal novedad de la intervención del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde acudió a presentar el contenido de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al 2011. Torres-Dulce considera que en estos momentos ya existe un amplio consenso social en el sentido de asegurar un nivel de tolerancia cero frente a la corrupción. «No podemos permitir -dijo- que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones públicas».
Considera que después del terrorismo, «no hay forma más devastadora de ataque a la democracia y sus valores que la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables».
Con la conciencia clara de que en esta partida «nos jugamos mucho más que un mero interés económico», reivindicó el papel clave de la Fiscalía contra la Corrupción en esta lucha, y considera que debe ser reforzada, tanto en sus propios medios personales y materiales como en los de las unidades adscritas a la misma, así como la plena colaboración de cuantos órganos de la Administración sean requeridos a tales fines.
Los datos así lo avalan. La Fiscalía contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada incoó el año pasado cuatro veces más diligencias de investigación penal que el anterior: 64 frente a 16.
A lo largo de su comparecencia, también manifestó que el conjunto de los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia. Así, los procedimientos incoados por prevaricación administrativa han experimentado un aumento cercano al 30 %, los de cohecho un 45 % y el tráfico de influencias, un 44 %. Las causas por malversación de caudales públicos durante el pasado año se incrementaron un 25 %.