El Partido Popular se niega a crear una comisión para examinar su política de personal
12 ene 2013 . Actualizado a las 21:19 h.Tampoco ayer quiso hablar José Manuel Baltar, presidente de la Diputación ourensana, sobre el proceso abierto contra su padre y las consecuencias políticas del mismo. No lo hizo ayer y tampoco lo hará en la comisión de investigación que el PSOE había solicitado tras conocer la admisión a trámite de una querella contra José Luis Baltar que acusa al expresidente provincial de un delito continuado de prevaricación por la contratación a dedo de 104 personas en el año 2010. En su escrito, los socialistas solicitaban ampliar la investigación a las contrataciones de los últimos veinte años por considerar que se produjeron irregularidades a lo largo de todo el mandato de José Luis Baltar. Sin embargo, el portavoz del grupo de gobierno, Plácido Álvarez, avanzó que la propuesta -que se debatirá en un pleno extraordinario el próximo viernes- será rechazada.
Álvarez apuntó que la decisión fue tomada aprovechando la reunión que ayer mantuvo la junta de gobierno de la entidad, formada por los diputados más cercanos a la familia Baltar. El portavoz del PP no quiso explicar cómo argumentará en el pleno el rechazo del PP «por respecto aos membros da oposición». Pese a ello, un día antes ya avanzaba en La Voz que a su juicio esa propuesta carecía de sentido en este momento: «Se a Fiscalía presentou unha querela, o xuíz a admitiu a trámite e o propio afectado vai ir declarar, non sei que pintamos nós paralelamente facendo comisións de investigación».
De este modo, el debate sobre la política de personal empezará y acabará en el pleno extraordinario del próximo viernes. Los socialistas ven así frustrada su intención de depurar las responsabilidades políticas que, más allá de la de José Luis Baltar, se pudiesen derivar de las presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones de la Diputación. Ese objetivo es compartido por el BNG, que ha presentado un moción en la que solicita el cese de todos los diputados provinciales que formaban parte de la corporación en el momento de los hechos.
Por otro lado, Esquerda Unida, que no tiene representación en la entidad, reclamó la creación de un código ético para la política. El delegado del Gobierno, Samuel Juárez, pidió en relación al caso Baltar que «se existen responsabilidades, que se depuren» y dijo que la investigación judicial debe desarrollarse «con total liberdade e limpeza».