Rodríguez Sol defendió la legitimidad de la consulta soberanista
05 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, inició ayer el proceso para destituir al fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, por sus declaraciones en favor de una consulta de los ciudadanos catalanes sobre su futuro político. La Fiscalía informó mediante una nota de de prensa de que Torres-Dulce había firmado un decreto por el que se iniciaban los trámites para llevar a efecto el expediente de remoción de Rodríguez Sol al amparo del artículo 41.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta norma dispone que los fiscales jefes pueden ser removidos por el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado. Rodríguez Sol matizó ayer sus declaraciones, a través de un comunicado, en el que negó que apoye, de forma directa o indirecta, «un proyecto secesionista». El máximo responsable del ministerio público en Cataluña precisó que «no es posible un referendo sobre la independencia, con el actual marco legal, que comparte, respeta y acata». Torres-Dulce no tuvo en cuenta esta matización.
En una entrevista difundida el domingo por una agencia el fiscal jefe defendía la legitimidad de una consulta para que los ciudadanos decidan sobre su futuro político, aunque añadía que «no existe un marco legal que permita un referendo sobre la independencia», por lo que apostaba por buscar una alternativa con preguntas que respeten la legalidad. Así, afirmaba que ante el no del Gobierno central a permitir un referendo, «existen otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo, y aquí es donde se puede posiblemente jugar». Y concluía que «al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere».
«Sin soslayar la ley vigente»
En la nota emitida ayer señaló que las aseveraciones realizadas en la entrevista «parten del marco legal y comentan distintas posibilidades, que corresponderá desarrollar al poder legislativo». Y añade que la ley de consultas del Parlamento autónomo «permitiría preguntar al pueblo de Cataluña sobre cuestiones distintas que afecten a sus intereses, pero sin que se pueda usar para soslayar las leyes vigentes». Y acaba diciendo que el fiscal superior y todos los fiscales que trabajan en Cataluña «lo hacen de acuerdo con su juramento o promesa a la Constitución y las demás leyes».