Pese a que Mariano Rajoy ha decretado de nuevo la ley del silencio sobre el caso Bárcenas, que según ha dicho no le va a distraer de su tarea de sacar a España de la crisis y crear empleo, las revelaciones y, por consiguiente, las preguntas que sigue sin responder se acumulan. Su comparecencia del 1 de agosto en el Parlamento, en la que tan solo reconoció el error de haber confiado en el extesorero hasta que se supo que tenía una fortuna en Suiza, ha quedado rápidamente obsoleta. Ya entonces no respondió la cuestión clave de por qué dos días después de saberse los resultados de la comisión rogatoria le envió un SMS dándole ánimos y diciéndole que le llamaría. También dejó sin contestar otras muchas que la oposición le planteó.
Pero es que en solo un mes han aparecido hechos que también requieren explicaciones. La transcripción de la declaración judicial de De Cospedal vuelve a ponerle en aprietos. ¿Por qué pacto con Bárcenas pagarle una nómina mensual de más de 18.000 euros y concederle otros privilegios sin que prestara servicio alguno a la organización? El presidente dijo que cuando él llego a Moncloa el extesorero ya no formaba parte del partido, pero la nómina de mayo del 2012 publicada hace unas semanas demuestra que era el mejor pagado de la organización. ¿A cambio de qué se le dio ese sueldo y ese trato de favor?
La declaración del exgerente Cristóbal Páez, en la que admitió que cobró dinero negro del PP supuestamente procedente de donativos que no se declaraban y que guardó los papeles de Bárcenas por temor a un registro policial en la sede de Génova 13, es asimismo trascendente. Sobre todo porque se añade a otros testimonios que prueban la veracidad de algunos apuntes.
Otro hecho que se ha conocido en los últimos días, el borrado de los ordenadores de Bárcenas, que según este contenían información muy relevante para la causa, también plantea interrogantes inquietantes. ¿Cómo es posible que se destruyeran si ya estaba en marcha una investigación judicial?
A medida que pasa el tiempo crecen los indicios de que existió una contabilidad B y de que hubo financiación irregular en el PP. Y al estar acreditado en varios casos que se realizaron pagos en negro resulta verosímil que también los percibieran los dirigentes, aunque esto no se ha probado y, de ser cierto, será casi imposible hacerlo.
La declaración de De Cospedal no solo responsabiliza a Rajoy del pacto con el extesorero, sino que deja en mal lugar a Javier Arenas, que según la secretaria general intervino en la reunión en que se gestó. La propia secretaria general sale malparada, ya que Rajoy la ninguneó al dejarla al margen del acuerdo y tardó ocho meses en informarla del contenido del mismo.