La nueva norma ha salido a la luz sin apenas consenso y con multitud de reproches entre partidos
12 sep 2013 . Actualizado a las 21:09 h.La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha sido aprobado en el pleno del Congreso entre reproches de partidos y sin consenso, pues el proyecto «clave» del Gobierno para la regeneración democrática ha salido adelante solo con el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria.
La principal impulsora de este proyecto, Soraya Sáenz de Santamaría, ha prometido «no descansar en el trámite del Senado para que puedan incorporarse más» grupos, haciendo referencia, sobre todo, al PSOE, que se desvinculo en la recta final de la tramitación tras romper sus relaciones con el PP por el caso Bárcenas. Un hecho que ha reconocido el ponente socialista Enrique Serrano al afirmar la «aproximación discreta durante meses» que ha tenido con el Gobierno, «incluso en circunstancias difíciles», para pactar esta ley, pero que las últimas acciones llevadas a cabo por el PP con motivo del caso Bárcenas han impedido que éstas tuvieran un buen final.
Otros partidos que han votado en contra de esta ley han sido Izquiersa Plural, UpyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai). La falta de apoyo se debe a la ausencia de explicaciones del Gobierno sobre el caso de su extesorero y el rechazo continuo del partido gobernante a las demás iniciativas relacionadas con ese tema.
Pese a que ha conseguido ciertos apoyos, durante el debate no todos los grupos que han apoyado al gobierno en la puesta en marcha de esta ley se han mostrado conformes. Para el ponente del PNV, Emilio Olabaria, el voto favorable de su partido no significa la «adhesión» a la «operación de diseño» que, a su juicio, pretende llevar a cabo el Gobierno con esta ley.
Desde CiU, Jordi Jané, cree que el texto que ha llegado al Senado tiene demasiados límites al derecho de acceso a la información y a pesar de que ha valorado el diálogo con el Gobierno, ha pedido que se publiquen las balanzas fiscales y la regulación de un registro para los «lobbies», entre otras propuestas.
Por otro lado, para Carlos Martínez Gorriarán (UpyD) aunque la ley mejora algunos aspectos cree que es «insuficiente» ha criticado su tramitación «opaca». Afirma que esta ley es un pacto entre los principales partidos a pesar de las «extrañas interferencias» del caso Bárcenas y se ha mostrado convencido de que el PP y el PSOE la han hecho para «protegerse del exceso de interés de los ciudadanos y de los entes cívicos». Además, opina que es una ley «fallida» ya que no permitirán saber que están haciendo las entidades financieras rescatadas, y que nace marcada por su incumplimiento antes de entrar en vigor, dada su inferioridad de rango ante la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como ejemplo ha puesto que el PP haya invocado recientemente esa ley para «justificar la destrucción de ordenadores de Bárcenas».
Dentro del grupo mixto, sólo Coalición Canaria ha aplaudido el texto y la actitud de diálogo del PP, mientras que el BNG ha hablado de «paripé» y los representantes de Geroa Bai y Amaiur han lamentado que con ellos no hayan dialogado.