El caso Malaya es la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España. El cerebro de todo el entramado era José Antonio Roca, que fue la mano derecha del fallecido Jesús Gil -que renovó en cuatro ocasiones su mayoría absoluta- y manejó como marionetas a sus sucesores. Era quien decidía a quién se otorgaban las licencias y a quién no de acuerdo con las mordidas que recibía de los empresarios. El gran corruptor repartía después el dinero entre los concejales a discreción.
¿Qué supuso el caso Malaya en la lucha contra la corrupción?
Fue el símbolo de la corrupción desbocada de políticos y empresarios y del fracaso del modelo de crecimiento basado en la especulación y el ladrillo, en el que solo importaban los beneficios inmediatos y muy elevados sin considerar los efectos medioambientales y urbanísticos y saltándose la ley. La justicia investigó a fondo el caso, lo que sentó un precedente de que esas actuaciones no iban a quedar impunes. Por primera vez se disolvió un ayuntamiento en la historia de la democracia española. «Fue un punto de inflexión contra la delincuencia urbanística», señala Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
¿Cuanto dinero perdió el ayuntamiento a causa de la trama?
Se estima que la cantidad defraudada a las arcas municipales se eleva a los 460 millones de euros, que sería la que el ayuntamiento habría dejado de percibir por las actuaciones de los implicados. Se da la circunstancia de que es similar a la deuda acumulada por Gil durante los 15 años que estuvo como alcalde. Los bienes incautados por la policía en el transcurso de la operación Malaya, en el 2006, superaron los 2.400 millones,
¿Qué valoración hay que hacer de la sentencia?
A falta de un análisis jurídico a fondo de una sentencia de más de 5.700 páginas, los expertos en asuntos de corrupción coinciden en mostrar su sorpresa por la drástica reducción de la penas respecto a las solicitadas por el fiscal. «En principio, las condenas parecen excesivamente benevolentes para el daño generado al bien jurídico de la integridad y la legitimidad de las administraciones», estima Villoria, miembro de la dirección española de Transparencia Internacional y autor de numerosas publicaciones sobre la materia, entre ellas La corrupción política.
¿Qué mensaje a la sociedad lanzan las condenas?
Aunque la coincidencia es total sobre la poca contundencia de las penas, los especialistas ponen diferente énfasis en sus consecuencias de cara a la sociedad. Manuel Villoria considera que «tal vez» se envíe un mensaje de excesiva tolerancia con la corrupción, pero «lo importante es que algunos delincuentes van a ir a la cárcel». Añade que, en todo caso, no cree que «mucha gente esté por la labor de estar ocho años en la cárcel por ser rico después». El profesor Fernando Jiménez Sánchez, experto en corrupción urbanística, es más drástico y asegura que si a esas conductas delictivas le corresponden las penas dictadas es que algo falla en el sistema jurídico y se está enviando un mensaje peligroso de permisividad con la corrupción.
¿Se han intensificado los controles para que no se produzcan casos como este?
No ha habido avances importantes en esta materia ni en cuanto a refuerzo de los controles como prevención de estas conductas delictivas ni en modificaciones normativas significativos. «Casi no ha habido ningún cambio en el funcionamiento interno de los ayuntamientos y en su supervisión por las comunidades autónomas y el Gobierno central, es muy deprimente», señala Jiménez Sánchez. Manuel Villoria estima que ha habido una mejoría en los controles, pero que todavía es «insuficiente».