La policía anticorrupción vive en ascuas la llegada de nuevos mandos
02 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Hasta arriba de trabajo. Con jornadas extenuantes de horas examinando facturas, extractos bancarios y números. Acuciados por la urgencia de jueces que ordenan informes sin parar. En el punto de mira de políticos y bajo el continuo escrutinio de los medios. Y ahora, en el momento de mayor tensión, en ascuas, a la espera del anunciado desembarco de los nuevos mandos que ponga el Ministerio del Interior. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la élite policial de este país en la lucha contra la corrupción, está al límite, según reconocen algunos de los funcionarios más destacados del grupo. El motivo del desasosiego es una convocatoria interna para cubrir, al menos, cuatro puestos clave de la unidad que se encarga de investigar tres sumarios que preocupan, y mucho, al Gobierno: los casos Gürtel, papeles de Bárcenas y Urdangarin.
La inquietud incluso se ha transformado en cierto bloqueo por miedo a desairar con algún informe de última hora al futuro jefe. La situación ha llegado al punto de que los dos jueces que se ocupan de estos tres sumarios, Pablo Ruz y José Castro, se han quejado en sendos autos de la tardanza en el envío de informes de la UDEF.
Un concurso incomprensible
Nadie en el cuerpo entiende por qué se convoca un concurso para cubrir unos puestos que son de libre designación, pero tienen claro que va a haber cambios en la cúpula de la lucha anticorrupción. Ni siquiera Interior lo ha ocultado. Poco después de nombrar el 18 de octubre a Santiago Sánchez Aparicio, el Chati, como nuevo jefe de la Comisaría de Policía Judicial (el cuarto en dos años) y por ende máximo responsable de la UDEF, Jorge Fernández advirtió que es «lógico» que «pasado un tiempo prudencial» el Chati «tenga derecho a proponer su equipo de trabajo puesto que después se le van a exigir a él los resultados».
Y ese «tiempo prudencial» ya ha pasado. El 4 de noviembre, el departamento que dirige Ignacio Cosidó anunció que quedaban «vacantes», aunque están ocupadas, siete importantes plazas de la Comisaría Judicial, cuatro de ellas directamente relacionadas con las investigaciones financieras y fiscales que tanto inquietan a las más altas instancias del país.
El plazo para la presentación de candidatos acabó hace unos días e Interior guarda un absoluto mutismo sobre los mandos policiales que han optado a ese concurso que no es concurso, porque son plazas de libre designación y los méritos no importan. La policía se ha dado un mes, prorrogable a dos, para despejar estas incógnitas.
La prueba del algodón de las verdaderas intenciones de Fernández y Cosidó por controlar la UDEF será saber si los que están siguen a pesar de este concurso y conocer el perfil de los que entran. Y sobre todo, el nombre del nuevo jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales. De él dependen y dependerán los funcionarios que más activamente han trabajado en las investigaciones de corrupción que salpican al PP.
En esa brigada está la bestia negra de los populares, el inspector Manuel Morocho, que ha firmado los más delicados informes sobre el partido del Gobierno. Documentos tan duros que el propio Jorge Fernández se excusó diciendo que la UDEF «trabajaba a las órdenes del juez y no del ministro del Interior».