El juez de la Audiencia Nacional considera que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
02 may 2014 . Actualizado a las 11:29 h.El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado hoy prisión provisional incondicional y sin fianza para los ocho detenidos el pasado miércoles en el País Vasco y Navarra por integrar supuestamente el llamado «frente de cárceles» de ETA, han informado fuentes jurídicas. Velasco ha adoptado esta decisión a petición del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ante los indicios recabados y al observar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Esta intención ya se apreció el día de la operación cuando los ahora detenidos trataron de deshacerse de elementos que les iban a ser incautados por la Guardia Civil al hacerse pública con antelación la nota del Ministerio del Interior informando de los arrestos.
Además, en el caso de los principales detenidos, los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, también concurre reiteración delictiva por estar ambos ya imputados por un delito de integración en organización terrorista desde el 2010 por pertenecer a una sección del aparato de ETA encargada de los presos, el colectivo denominado «H-Alboka», el acrónimo de «Hormak Apurtuz Laster Borrokalariak Kalera» (Con los muros derribados pronto los luchadores a la calle).
Las declaraciones comenzaron a las 11.45. Los primeros arrestados en llegar a la sede del tribunal, en la madrileña calle de Prim, han sido trasladados a las 09.10 horas en un furgón de la Guardia Civil, mientras que el resto han llegado a las 09.20 horas en tres vehículos camuflados del instituto armado.
Los detenidos, entre los que destacan los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, permanecían en dependencias de la Guardia Civil, aunque no se había decretado para ellos la incomunicación, por lo que podían ser asistidos por abogados de libre designación. Además de Zulueta y Enparantza, comparecerán ante Velasco Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.
Poco antes de empezar las declaraciones, el diputado de Amaiur en el Congreso Jon Iñarritu ha reclamado a las puertas de la Audiencia Nacional «la inmediata puesta en libertad» de los ocho detenidos por integrar supuestamente el llamado «frente de cárceles» de ETA porque «su labor ha sido pública y exclusivamente política y civil a favor de la resolución del conflicto».
Los arrestos se produjeron cinco días después de que los etarras excarcelados por la anulación de la doctrina Parot protagonizaran en Durango (Vizcaya) un acto de apoyo al colectivo de presos etarras al que acudieron Zulueta y Sagarminaga.
Todos ellos, salvo Almandoz -que estaba preso en Francia-, aparecen en la relación hecha pública en julio de 2012 con los 25 integrantes del grupo de interlocución con los presos de ETA, formado por personas ligadas a la izquierda abertzale, expresos y abogados, y cuyo objetivo era contactar con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los reclusos de la banda terrorista.
La operación, que no ha estado exenta de polémica por la difusión con antelación de la nota del Ministerio del Interior informando de las detenciones, se culminó con el registro el viernes del despacho del senador de EH Bildu y abogado de presos de ETA, Iñaki Goioaga, en Bilbao para buscar documentación perteneciente a las personas detenidas.
El despacho de Goioaga quedó el pasado jueves precintado tras suspender la Guardia Civil el rastreo de la oficina al no haber sido posible su localización para estar presente en la inspección.
Goioaga, que es aforado por su condición de senador, tiene su oficina en el mismo edificio de la calle Elkano de Bilbao en el que se encuentra el despacho de la letrada Arantza Zulueta.
Pendrives machacados e intento de huida
Los detenidos en la operación contra ETA en el edificio que alberga el despacho del senador Iñaki Goioaga y de la abogada Arantza Zulueta «machacaron» un pendrive, escondieron otros en cojines, arrancaron ordenadores y tres de ellos intentaron huir alertados por la difusión prematura de una nota informativa de Interior.
Según explica el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto por el que ha enviado a prisión sin fianza a los ocho detenidos la pasada semana en el País Vasco y Navarra -que hoy han comparecido en el tribunal- un «posible error» en la comunicación del Ministerio del Interior, informando con antelación a los medios y vía Twitter del dispositivo, posibilitó que los arrestados destruyeran pruebas.
En concreto, explica que en la entrada de los guardias civiles al edificio de la calle Elcano de Bilbao los detenidos fueron sorprendidos en un «claro intento» de «ocultación y destrucción de evidencias».
Así, al contrario de lo que habían hecho en las veintiún reuniones anteriores celebradas en ese lugar, «no aparecieron reunidos, sino dispersos, destruyendo documentos».
En el registro, dice el juez, encontraron «un pendrive machacado conscientemente, otros escondidos en el interior de cojines de sofás conteniendo soportes informáticos con contenidos del KT (grupo de apoyo a los presos), ordenadores con cables arrancados o un churro o canutillo en papel cebolla conteniendo una comunicación de la dirección de ETA de diciembre del 2013 dirigida a sus militantes».
Además, los agentes que les vigilaban detectaron, quince minutos antes de la hora a la que se debía llevar a cabo el registro, «movimientos rápidos» de los asistentes, arrastre de muebles, cierre violento de puertas y «el intento de tres de los finalmente detenidos de huir del local mientras otros dos vigilaban la calle».
A uno de los que huían se le incautó un pendrive con «documentos sobre la estructura de ETA para dirigir y controlar el frente de cárceles».
Por todo ello, el juez considera que las reuniones que allí celebraban eran clandestinas y «bajo la apariencia o cobertura de actividades falsamente profesionales o políticas» y que, además, todo indica que «este reducido grupo de miembros del KT, al margen de tener comunicaciones directas de la dirección de la ETA en la clandestinidad, contaba con un grado tal de autonomía» que era «como un brazo operativo más de la ETA misma».